[dropcap]E[/dropcap]l proyecto de Ley de Aduanas, recientemente aprobado por el Senado de la República, constituye un importante paso para el crecimiento y la agilización del comercio internacional en el país.
La ley que se encuentra vigente en la materia data del año 1953. No obstante, el mero hecho de que tenga 62 años no es de por sí suficiente para justificar que sea actualizada.
La razón principal por la cual diversos sectores de la vida económica nacional desean que la ley sea actualizada se debe a los importantes cambios suscitados en el comercio internacional en los últimos años.
No debería causar sorpresa que la cantidad de mercancía y la complejidad del comercio transfronterizo, más aún luego de la entrada en vigor de importantes tratados internacionales de facilitación del comercio, como lo son el GATT, el DR-Cafta, el Caricom y el EPA, nos obligan a revisar nuestro anticuado marco jurídico.
En primer término, la nueva Ley de Aduanas establece una clara delimitación de las atribuciones de la Dirección General de Aduanas en la materia, lo que representaría una importante evolución respecto a la normativa vigente. En este mismo sentido, la nueva ley establece procedimientos administrativos en materia de aduanas que son claros, transparentes y que ofrecen mayor seguridad jurídica.
En cambio, la ley actual establece un régimen de discrecionalidad administrativa excesivo, lo que coloca al país en una situación contraria a las mejores prácticas internacionales y a lo exigido por los tratados internacionales en la materia.
La nueva propuesta de ley también regula la potestad de la administración en materia de sanciones (por ejemplo, el decomiso) que son aplicadas, al día de hoy, con pocos criterios institucionales.
En tal virtud, hace apenas unos días que nuestro Tribunal Constitucional acogió un recurso que le exigía a la Dirección General de Aduanas la observancia del debido proceso de ley al momento de realizar un decomiso (ya que la DGA actúa por vía administrativa y sin ninguna orden judicial).
La nueva ley también reglamenta el proceso de decomiso y otros procesos sancionadores, y claramente establece las obligaciones de las partes en la materia y los poderes de la administración pública.
Finalmente, la propuesta de ley también reconoce y establece nuevas modalidades de operaciones aduaneras, algunas de las cuales se espera que permitan al país convertirse en un “hub” logístico en el Caribe.
A nadie le conviene que continúe en vigencia la obsoleta Ley de Aduanas de 1953. Por el contrario, la nueva ley incentivará el crecimiento del comercio internacional dentro de un marco institucional moderno y eficiente.
