Un nuevo debate se abre paso en la economía dominicana, aun en medio de la Pandemia del covid-19 que aún no tiene visos de caducidad. Este debate, recurrente por demás, viene alimentándose desde la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en donde se hacía constar la necesidad de un Pacto Fiscal, previa realización de una reforma en ese ámbito.
En efecto, uno de los objetivos específicos establecidos en la END es el de “Garantizar la sostenibilidad macroeconómica” el cual, a su vez, estaba articulado con la línea de acción específica que apunta a “Impulsar una reforma fiscal integral, basado en la progresividad y transparencia tributaria, orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas del sector público consolidado, en el marco de una ley de responsabilidad fiscal que permita implementar políticas contra cíclicas y establezca normas y penalidad para garantizar su cumplimiento”.
Dos líneas de acción adicionales se vinculan al objetivo anterior que, resumidas, hablan de desarrollar un sistema tributario progresivo, mediante la ampliación de la base contributiva, la racionalización de incentivos fiscales y minimización de los efectos negativos sobre los agentes económicos, y también de la necesidad de elevar la calidad del gasto público, con prioridades basadas en el desarrollo humano, y con una gestión adecuada de la deuda pública.
En ese mismo contexto, el Artículo 36 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo plantea la necesidad de que las fuerzas vivas dominicanas, se aboquen a la firma de un Pacto Fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y a garantizar la sostenibilidad fiscal de largo plazo.
Tres elementos se destacan de todo lo que debe incluirse en un Pacto Fiscal, y son los que siguen a continuación: a) la reducción de la evasión fiscal (Impuesto sobre la renta –ISR- y el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios –ITBIS), b) elevar la calidad del gasto, y c) elevar la presión tributaria. Como se puede observar, todo lo vinculado a una reforma fiscal esta será contenido en la END que, dicho sea de paso, fue abandonada hace rato por los gobiernos dominicanos, a pesar de la cháchara.
La pregunta en este punto es, sin embargo, si conviene hablar de reforma y pacto fiscal en medio de una crisis económica provocada por la Pandemia del covid-19, sobre todo porque se tendría que tocar el tema impuestos, seguido de la variable gasto público, que son las dos caras de la moneda que se denomina finanzas públicas. Lo cierto es que, desde 1992, no se conoce una reforma estructural que aborde todo el problema del sistema de recaudación de ingresos del Estado dominicano, así como lo atinente a la estructura de gastos, incentivos y exenciones fiscales.
Lo que sí parece necesario y oportuno, es que aunque no tenga lugar en el 2021, se inicie una discusión seria sobre una potencial reforma fiscal en República Dominicana, en donde el debate esté dirigido a resolver las distorsiones del sistema tributario, a crear conciencia sobre la importancia de tener una presión tributaria acorde a las necesidades de recursos de la administración pública, establecer un régimen de incentivos –no perversos- para el desarrollo de los sectores productivos, y para resolver, de una vez por todas, el problema del déficit fiscal recurrente que ha llevado al país a elevar su deuda pública a niveles que ya son preocupantes.
