La OCDE considera que poner precio a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) es una buena medida también para los países en desarrollo, y lo recomienda a una quincena, entre ellos República Dominicana, para los que ha analizado los efectos positivos que tendría desde el punto de vista fiscal y medioambiental.
“Ha llegado la hora de ir hacia un precio del carbono de forma explícita”, subraya la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un estudio publicado este lunes sobre esos quince países, entre los que hay siete africanos, seis americanos (Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Jamaica y Uruguay) y dos asiáticos.
“Además de reducir las emisiones de efecto invernadero, tarificar el carbono puede hacer retroceder la contaminación atmosférica local y la actividad informal, y facilitar un alineamiento para el desarrollo y la acción climática”, explica.
Globalmente, si se fijara un precio de 30 euros por tonelada de CO2, que según el consenso es el costo mínimo de los daños que generan esas emisiones, esos quince Estados recaudarían de media el equivalente del 1% de su producto interior bruto (PIB).
El primer paso sería eliminar las ayudas públicas al consumo de energía, que son en su mayor parte subsidios a los combustibles. De los quince, Ecuador es el que ofrece los subsidios más generosos, equivalentes al 3% de su PIB.
En total, el costo neto para las arcas públicas de la energía en Ecuador es de casi el 2.8% del PIB, cuando en el otro extremo a Jamaica los impuestos reportan más del 2% y a Costa Rica un poco más del 1.5%.
Para los quince objeto del estudio, la fiscalidad energética neta (una vez descontados los subsidios) representa en torno al 0.5%, una cifra en cualquier caso sensiblemente inferior al 1.6% de media en la OCDE.
Los autores del informe hacen notar que las subvenciones a la energía no solo gravan las cuentas públicas, sino que “a menudo son perjudiciales para el medio ambiente porque incitan al consumo de energía”.
