El Gobierno argentino publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley 27.605, que establece la creación de un impuesto “solidario y extraordinario” a las grandes fortunas, con el objetivo de paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia de coronavirus.
La normativa que hoy entra en vigor, aprobada por el Senado argentino el 4 de diciembre y promulgada por el Ejecutivo el 18 del mismo mes, ordena un pago único de entre un 2 y un 3.5% del patrimonio de personas físicas que posean una riqueza declarada de más de 200 millones de pesos, unos US$2.29 millones.
En el caso de quienes tengan bienes en el exterior, la cuantía mínima a pagar será del 3% para los patrimonios de entre 200 y 300 millones de pesos y de hasta un 5.25% para las riquezas mayores de 3,000 millones de pesos.
Los detalles de la reglamentación
Según la reglamentación publicada en el Boletín Oficial, la norma permitirá la fiscalización de los bienes de las personas alcanzadas por esta medida durante los 180 días anteriores a su entrada en vigor.
De este modo, si existiesen variaciones en el patrimonio que hicieran presumir “un ardid evasivo” del impuesto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podrá hacer uso de las herramientas a su alcance “a efectos de verificar y fiscalizar tales situaciones”, según detalló la reglamentación.
En cualquier caso, la reglamentación no define cómo ni cuándo se va a pagar este “aporte”, ni tampoco el tipo oficial de cambio que se utilizará al hacerlo.
Este “aporte solidario” abarca a 11,855 personas y el Gobierno estima recaudar con él más de 300,000 millones de pesos (alrededor de US$3,437 millones al cambio oficial), que serán destinados a mitigar el impacto de la pandemia en el país, sumido en una profunda recesión desde mediados del 2018 y con un 40.9% de la población por debajo de la línea de pobreza.
Así, un 25% de lo recaudado se destinará a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural y un 20% irá dirigido a la compra y elaboración de insumos sanitarios.
Otro 20% se utilizará para el pago de subsidios a las pequeñas y medianas empresas, un 20% contribuirá al pago de las becas estudiantiles Progresar y un 15% del total recaudado irá a la urbanización de los barrios populares.
Polémica por ley
La normativa, aprobada en la Cámara Alta del país por 42 votos a favor y 26 en contra, generó un fuerte rechazo en las entidades empresarias más importantes del país, que han calificado el nuevo “aporte” de confiscatorio y de gravar los bienes destinados a la producción, en un contexto de desconfianza de los inversores sobre el devenir de la economía.
En ese sentido, el jefe de Gabinete argentino, Santiago Cafiero, defendió el viernes en su cuenta de Twitter el impuesto, al señalar que “los momentos excepcionales exigen medidas excepcionales y el compromiso de toda la sociedad”.
