El viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Pavel Isa Contreras, destacó la necesidad de diseñar una ley que establezca exenciones fiscales que atraigan nuevas inversiones a la zona fronteriza.
A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Isa Contreras precisó que “para que las inversiones vayan a la frontera se requiere de un plan integral y un programa de inversiones que fortalezca la infraestructura económica y social, y los servicios básicos”.
Pero para lograrlo, el economista plantea la necesidad de que se establezca una legislación donde se complementen, luego de consenso, “el alcance de las exenciones en términos de figuras impositivas y empresas, y actividades beneficiarias, mecanismos efectivos y expeditos de control y fiscalización, y efectivos mecanismos de gobernanza”.
“Las exenciones fiscales deberán ser suficientes para atraer inversiones sin que generen desbalances muy grandes entre las empresas acogidas y no acogidas que terminen traduciéndose en procesos de desinversión y/o relocalización”, planteó.
Señaló que la ley debe garantizar que estos beneficios sean otorgados exclusivamente a empresas cuyas operaciones “tengan impactos deseables, directos y verificables y que los incentivos sean otorgados de forma cuasiautomática”.
Ley 28-01
Sobre los indicadores de desarrollo de las provincias fronterizas, el economista indicó que están y se han mantenido rezagados respecto al resto del país. “Menos ingresos, menos inversión, más pobreza, menos negocios, menos servicios básicos, menos bienestar”.
Precisó que la finalidad de la Ley 28-01 era revertir ese escenario y fomentar el desarrollo de la zona. Sin embargo, “el resultado de esa desazón han sido severas dilaciones y obstáculos continuos en su aplicación. Eso, junto a la débil infraestructura y falta de servicios básicos en varias provincias ha contribuido a que la ley haya tenido un impacto positivo, pero bajo”.
Destaca que, actualmente, menos de 100 empresas se benefician de las exenciones concedidas por la ley. “Entre 2012 y 2018 el efecto neto total promedio anual (directo e indirecto) en valor neto producido (valor agregado) fue equivalente a 0.37% del producto interno bruto (PIB)”.
