El director del Banco Mundial para Centroamérica y República Dominicana, Michel Kerf, informó este miércoles que el acuerdo alcanzado el pasado 22 de enero entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Costa Rica es una “señal positiva” para las finanzas del país.
“El reciente acuerdo a nivel técnico entre las autoridades costarricenses y el equipo de una misión del Fondo Monetario Internacional alrededor de estas reformas y políticas envía una señal positiva a los mercados financieros internacionales”, expresó Kerf en un comunicado.
El director destacó que Costa Rica ha hecho “grandes esfuerzos para responder a la emergencia sanitaria y proteger a los más vulnerables ante un entorno fiscal más desafiante” y añadió que el país preparó su plan para superar el impacto fiscal de la pandemia, “con una serie de reformas y políticas para conducir las finanzas públicas hacia el camino de la sostenibilidad”.
“El Banco Mundial reitera su compromiso de continuar respaldando los esfuerzos de Costa Rica para salvar vidas, contener el costo económico y social de la crisis generada por la covid-19 y sentar las bases para una recuperación sólida, incluyente y sostenible”, indica la declaración.
El pasado 22 de enero el Gobierno de Costa Rica y el FMI alcanzaron un acuerdo a nivel técnico para un financiamiento por 1.750 millones de dólares, ante lo que el país centroamericano se comprometió a llevar adelante una serie de reformas legislativas y acciones que conduzcan a eliminar el déficit primario en el año 2023 y bajar la deuda al 50% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2035.
En 2020 el déficit primario (que excluye el pago de intereses sobre la deuda) cerró en el 3.4% del PIB y la deuda en el 67.5% del PIB.
Entre los proyectos que impulsará el Gobierno se encuentra uno para aumentar el impuesto a las casas “de lujo”, que son las que valen más de 250,000 dólares; la implementación de la renta global y un aporte de las empresas públicas del 30 % de sus utilidades.
Además, impulsará una ley que reforme el sistema de empleo púbico para crear un salario global y reducir las remuneraciones, especialmente los pluses salariales, además de otra iniciativa para eliminar exoneraciones fiscales.
Sectores sindicales y sociales han expresado su rechazo al acuerdo con el FMI, pues consideran que afecta a los trabajadores estatales y a las clases medias y bajas.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció el año pasado que acudiría al FMI en procura de asistencia financiera por 1.750 millones de dólares, como “parte de la solución” a los problemas que atraviesan las finanzas públicas.
Sectores políticos rechazaron esa iniciativa en septiembre de 2020 pues la consideraban demasiado cargada hacia nuevos impuestos, mientras en octubre sindicatos y grupos sociales protagonizaron 3 semanas de protestas que tuvieron episodios violentos.
Tras los hechos, el Gobierno convocó a un diálogo multisectorial que concluyó a finales de noviembre con una serie de acuerdos para contribuir a la estabilización de las finanzas.
En diciembre, Alvarado anunció una nueva propuesta para negociar con el acuerdo con el FMI, que se concretó el pasado 22 de enero.
Datos de las autoridades indican que Costa Rica cerró el 2020 con un déficit fiscal de 8.1% del PIB y la deuda en un 67.5% del PIB.
