Sao Paulo.- Los principales delatores del caso de corrupción en la petrolera brasileña Petrobras, el exdirector de Abastecimiento de la compañía Paulo Roberto Costa y el dueño de casas de cambio Alberto Youssef, se contradijeron hoy durante un careo ante las autoridades, informaron sus abogados.
El careo duró más de ocho horas en la sede de la Policía Federal en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná y donde se adelantan las investigaciones, y el único punto de convergencia entre ambos fue el supuesto soborno pagado por la petroquímica Braskem, controlada por la constructora Odebrecht.
“El pago existía para acelerar el procedimiento de compra de nafta y también con relación al precio del nafta. Como el nafta en Brasil termina siendo más barato que la cotización internacional, existió pago y comisión por parte de la empresa”, afirmó a periodistas el abogado Tracy Reinaldet, que defiende a Youssef.
El abogado João Mestieri, que representa a Costa, endosó la versión de la defensa de Youssef.
Braskem, por su parte, emitió un comunicado en el que alega que sus contratos con Petrobras siguieron las “normas legales” y fueron “aprobados de forma transparente de acuerdo con las reglas de gobernabilidad de la compañía”.
La petroquímica recordó que, al contrario de la versión, “los precios practicados por Petrobras en la venta de nafta siempre estuvieron alineados a las más altas referencias internacionales de todo el sector, perjudicando la competitividad de la industria petroquímica brasileña”.
Costa, en prisión domiciliaria en Río de Janeiro, y Youssef, encarcelado en Curitiba, hicieron un acuerdo de delación premiada con la Justicia a cambio de reducción de sus penas por los delitos de corrupción, desvío y lavado de dinero en Petrobras.
Los dos reos confesos ya fueron condenados en el proceso por algunos delitos, pero todavía deberán responder ante la Justicia por otros.
En el resto de puntos discutidos durante el careo hubo divergencias entre Costa y Youssef, confirmaron sus abogados.
Las contradicciones incluyeron los supuestos desvíos de dinero para las campañas en 2010 al Gobierno del norteño estado de Maranhao de Roseana Sarney, del aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y a la presidencia de Dilma Rousseff, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
También este lunes comenzaron a ser escuchados los últimos presos de la operación policial del caso, que tuvo su más reciente fase de detenciones el pasado viernes y entre los que se encuentran los presidentes de las constructoras Odebrecht y Andrade Gutiérrez.
Las autoridades sostienen que ambas empresas, igual que otras 25 compañías privadas, participaron en una red de corrupción enquistada en Petrobras que, durante la última década, se apropió ilegalmente de unos 2.000 millones de dólares.
De acuerdo con la Policía, las empresas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores en hasta un 4% y repartían las diferencias entre directores de la estatal y partidos políticos que amparaban las corruptelas.
Por las corruptelas en Petrobras también se investiga a medio centenar de políticos, que en su mayoría integran la coalición que respalda al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y entre quienes figuran los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros.
Entre los detenidos está el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari, acusado de presionar a las empresas que obtenían contratos con Petrobras para desviar parte del dinero obtenido hacia las arcas de esa formación.
El PT y otros partidos políticos implicados en el caso admitieron que han recibido apoyo financiero de las empresas investigadas, pero en todos los casos sostienen que esos recursos fueron debidamente declarados antes las autoridades fiscales y electorales.
No obstante, según la Policía, las empresas eran orientadas para entregar el dinero que los partidos recibían de la corrupción a modo de donaciones que quedaban registradas en forma legal.
Odebrecht afirma que la detención de su presidente viola el Estado de derecho
La empresa Odebrecht, una de las mayores constructoras de Brasil, consideró como una “afrenta” al Estado de Derecho la detención de su presidente, ocurrida en el marco de la investigación sobre corrupción en la estatal Petrobras.
La detención de Marcelo Odebrecht y otros directivos de la firma es “ilegal”, constituye una “afrenta contra los principios básicos del Estado de Derecho” y está apoyada sólo en “presunciones”, dice una nota divulgada hoy por la compañía.
El presidente de Odebrecht y otros cuatro ejecutivos de la firma fueron detenidos el pasado viernes, junto con el presidente de la empresa Andrade Gutiérrez, otra importante constructora del país, y directivos de esa compañía.
Las autoridades sostienen que ambas empresas, igual que otras 25 compañías privadas, participaron en una red de corrupción enquistada en Petrobras que, durante la última década, se apropió ilegalmente de unos 2,000 millones de dólares.
Según la Policía, las empresas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores en hasta un 4% y repartían las diferencias entre directores de la estatal y partidos políticos que amparaban las corruptelas.
Los responsables de Odebrecht y Andrade Gutiérrez son acusados de fraudes en licitaciones y formación de cartel, cargos rechazados por ambas empresas, que tienen operaciones en decenas de países.
Por las corruptelas en Petrobras también se investiga a medio centenar de políticos, que en su mayoría integran la coalición que respalda al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y entre quienes figuran los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros.
Entre los detenidos está el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari, acusado de presionar a las empresas que obtenían contratos con Petrobras para desviar parte del dinero obtenido hacia las arcas de esa formación.
El PT y otros partidos políticos implicados en el caso admitieron que han recibido apoyo financiero de las empresas investigadas, pero en todos los casos sostienen que esos recursos fueron debidamente declarados antes las autoridades fiscales y electorales.
No obstante, según la Policía, las empresas eran orientadas para entregar el dinero que los partidos recibían de la corrupción a modo de donaciones que quedaban registradas en forma legal. EFE
