San Juan.- El Gobierno de Puerto Rico continuó con sus esfuerzos para lograr apoyos en Washington al proyecto legislativo H.R. 870, que propone incluir a Puerto Rico en las disposiciones del Capítulo 9 de la Ley de Quiebra, lo que permitiría a sus municipios y empresas públicas declararse en bancarrota.
Este jueves fue el turno del director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Juan Eugenio Hernández Mayoral, que se reunió con los congresistas republicanos Trent Franks y Steve King.
Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU. afectado por una asfixia financiera y una deuda que supera los 72.000 millones de dólares, no puede acogerse a la Ley de Quiebras estadounidense, ya que dicha norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana.
Además, la Justicia federal insiste en ver inconstitucional una norma que el Gobierno local aprobó hace un año, conocida como “ley de quiebra criolla”, para establecer su propio mecanismo de bancarrota.
Según se detalló en un comunicado, Hernández Mayoral hoy presentó datos acerca de la situación fiscal de la isla y exhortó a los legisladores a unirse como coauspiciadores de un proyecto que “proveería la herramienta necesaria para ayudar a las corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico” a superar sus “obstáculos fiscales”.
“Actualmente, Puerto Rico no cuenta con la protección del Capítulo 9, por lo que la inclusión a este otorgaría al Gobierno de la isla el mismo poder que tienen los estados de la Unión para autorizar la reestructuración de una deuda pública”, explicó.
El proyecto H.R. 870, dijo, cuenta con el apoyo del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, los precandidatos presidenciales estadounidenses Jeb Bush, Hillary Clinton y Martin O’Malley, y organizaciones como el Consejo Nacional de Bancarrota, el Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales (NHCSL) y la Cámara Nacional de Comercio de Puerto Rico.
Recordó que la Ley Federal de Quiebras fue creada para establecer el procedimiento legal para ajustar, bajo la supervisión de un juez federal, la deuda de una entidad pública.
En 1938, el Congreso permitió la inclusión de Puerto Rico, pero en 1984 el Congreso aprobó una legislación que excluyó a la isla.
“Esta semana hemos logrado pasos importantes para adelantar el objetivo de la inclusión de Puerto Rico en el Capítulo 9”, dijo Hernández Mayoral, al recordar que el miércoles doce senadores del Congreso federal presentaron un proyecto similar al H.R. 870.
Ello, en su opinión, “refleja un logro de los esfuerzos que ha realizado nuestra administración para lograr el interés del Congreso para alcanzar una solución inteligente a la crisis, tanto para la economía de Puerto Rico como para la economía estadounidense”.
“Hoy, continuamos con los esfuerzos realizados por el gobernador esta semana, llevando a cabo reuniones con los diferentes Congresistas del Comité de lo Jurídico para lograr el apoyo del mismo”, explicó.
“Seguiremos tocando todas las puertas que sean necesarias para que el Congreso preste la atención adecuada a este asunto de vital importancia para la isla”, indicó.
Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque debe someterse a las leyes del ámbito federal. EFE
