La Comisión Europea (CE) presentó este jueves una serie de propuestas para aumentar la transparencia salarial en la Unión Europea y abordar así una brecha de género en este ámbito que aún se sitúa en el 14.1% de diferencia entre hombres y mujeres al mismo nivel laboral.
El paquete de medidas vinculantes propuesto por Bruselas se centra en la falta de transparencia salarial como uno de los grandes obstáculos para alcanzar el principio de “mismo salario por el mismo trabajo” que recogen tanto los tratados europeos como varias directivas, pero que no es aún una realidad en todos los Estados miembros.
“No podemos seguir pretendiendo que la brecha salarial se explica porque las mujeres prefieren cuidar de sus hijos a proseguir su carrera profesional, trabajar en sectores que pagan menos o están menos interesadas en ascender. Hay más que eso, sabemos que hay discriminación de las mujeres en los mecanismos para fijar los salarios”, señaló la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová en una rueda de prensa.
La Comisión Europea advirtió de que la falta de transparencia salarial “hace que los trabajadores no conozcan cómo su salario se compara con el de otros colegas del sexo opuesto haciendo un trabajo por el mismo valor”. “Esto les pone en una posición en la que ignoran información sobre si se les remunera de acuerdo con el derecho a un salario igualitario”, añaden.
Por un lado, Bruselas propone una serie de medidas vinculantes para atajar la opacidad en los sueldos: las empresas e instituciones públicas deberán aportar información sobre el salario inicial o su rango en la oferta de empleo o antes de la primera entrevista de trabajo, en la que tampoco estará permitido preguntar al candidato por su historial de sueldos en previos empleos.
En el caso de las organizaciones con más de 250 trabajadores estarán obligados a hacer públicos sus datos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres en su organización, así como información a nivel interno por categorías de empleados que hacen un trabajo del mismo valor.
Según datos de la Comisión Europea, el coste para estas grandes organizaciones se estima entre los 379 y los 870 euros anuales, y en países donde ya se ha puesto en marcha, subrayó Jourová, estas publicaciones mejoran la imagen pública de la compañía y la motivación de sus trabajadores.
Si esta información revela una brecha salarial superior al 5% que no se puede explicar por “factores objetivos y neutros al género”, la empresa o institución deberá llevar a cabo una evaluación de salarios en colaboración con representantes de los trabajadores.
Los trabajadores, por su parte, adquirirían el derecho a solicitar información de su empleador sobre su nivel salarial individual y los niveles medios en la organización, por sexo y por categorías de trabajadores haciendo tareas equivalentes.
Los empleados víctimas de discriminación salarial podrán reclamar compensaciones, incluyendo la recuperación completa de los salarios y bonus no percibidos, mientras que recaerá en la compañía la carga de prueba de que no ha existido dicha discriminación.
Corresponderá a cada país de la Unión Europea, por su parte, establecer penalizaciones (incluyendo un mínimo de multa económica) para infracciones de este principio, dependiendo de su gravedad y duración.
La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, se mostró convencida de que la propuesta es equilibrada, ya que reserva los requisitos de informar sobre los niveles salariales para las compañías e instituciones más grandes, y añadió que, más allá de las nuevas obligaciones, se trata de una iniciativa que “beneficiará a las empresas más allá de la igualdad y el cumplimiento de las regulaciones”.
“Ayudará a cambiar la cultura de las empresas, donde los trabajadores sientan que pueden pedir un trato igualitario y donde los empleadores informen de forma proactiva sobre estos asuntos”, señaló la comisaria, que aventuró que estas empresas lograrán una ventaja a la hora de atraer talento.
Esta propuesta aún debe recibir la luz verde del Parlamento Europeo y el Consejo (los países) antes de aprobarse, después de lo cual cada país dispondrá dos años para incorporar la directiva a sus legislaciones nacionales e informar a la Comisión sobre cómo lo ha hecho.
