A casi seis meses del inicio de las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar deudas por unos US$44,000 millones, en los ámbitos financieros y empresariales dan por descontado que no habrá un acuerdo en el corto plazo.
A finales de agosto de 2020, el Gobierno de Alberto Fernández le solicitó al Fondo abrir conversaciones formales, las cuales no se iniciaron sino hasta octubre, cuando el organismo envió una misión técnica a Argentina, tras la cual hubo varias rondas de encuentros, tanto en Buenos Aires como en Washington, y contactos al más alto nivel político.
El último se produjo la semana pasada, cuando el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y otros representantes del organismo.
Las conversaciones concluyeron con expresiones de buen ánimo y entendimiento a ambos lados de la mesa, pero, en definitiva, sin anuncios concretos de acuerdo ni, al menos, de pistas sobre qué grado de avance hay en las tratativas.
Ante este escenario, en los mercados financieros, particularmente el de bonos soberanos argentinos, creen que un acuerdo, que deberá incluir ciertas pautas de política macroeconómica y eventualmente algunas reformas, no se cerrará hasta pasadas las elecciones legislativas de octubre.
“En el mercado se está descontando que el proceso va a ser postergado, por lo menos, hasta después de las elecciones”, dijo a Efe el economista Gustavo Ber, titular de la consultora Estudio Ber.
Con inversores en extremo prudentes, la tendencia vendedora prevalece para los activos argentinos, en particular los bonos soberanos, con un índice de riesgo país en alza.
Para Ber, este comportamiento “demuestra que no hay convencimiento entre los inversores” respecto a que en este escenario, sin un acuerdo con el FMI, los desequilibrios macroeconómicos de Argentina empiecen a suavizarse.
Sin temor a un default
Pese a la demora en llegar a un acuerdo, el mercado no ve un peligro de “default” (incumplimiento de pago) con el FMI porque considera que Argentina tendrá los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos con el organismo previstos para este año.
Por el colosal auxilio financiero recibido en 2018, Argentina debe comenzar a devolver los préstamos este año, con pagos totales en 2021 de US$3,669 millones de capital (la primera cuota, en septiembre, es de US$1,835 millones) y US$1,666 millones de intereses.
Aunque las reservas monetarias de Argentina son exiguas (US$39,597 millones), el país contaría para cubrir buena parte de esos compromisos con US$4,354 millones por derechos especiales de giro (DEG) que el FMI planea conceder a los miembros del organismo.
“Los DEG vienen como anillo al dedo para cubrir los compromisos de este año con el FMI. Pero en 2022 es imposible cumplir los compromisos previstos, por unos US$18,000 millones, así que, sí o sí, después de las elecciones no hay más posibilidad que llegar a un acuerdo de facilidades extendidas, a diez años o más”, apuntó Ber.
Sin hoja de ruta
Si en los círculos financieros son altamente sensibles a cualquier señal sobre un acuerdo con el Fondo, en la economía real el asunto también es seguido con atención.
“Para quienes invierten en economía real, la demora en llegar a un acuerdo con el FMI no es determinante a la hora de decidir sobre un proyecto de inversión, aunque sí es un aspecto que influye”, dijo a Efe Juan Tripier, senior manager de la firma First Capital Group.
Tripier afirmó que lograr un acuerdo con el FMI sería bienvenido por los inversores como señal de previsibilidad.
“Pero la percepción es que no habrá un acuerdo en el corto plazo por la magnitud de la deuda y porque es un año electoral”, señaló.
Sin que la “hoja de ruta” que ofrecería un acuerdo con el Fondo esté aún escrita, Argentina lidia con una pandemia que parece recrudecer y que ya golpeó en 2020 su economía, con una caída del 9.9% en el PIB y un fuerte aumento del déficit fiscal.
El Gobierno se niega a recortes fiscales drásticos como los que otrora impuso el FMI y afirma que, sin crecimiento sostenido, el país no podrá pagar sus deudas, pero en el mundo inversor temen que, cuanto más se retrase un acuerdo, mayores serán los riesgos de deterioro macroeconómico y mayor será el ajuste que habrá que hacer al final del día.
