[dropcap]E[/dropcap]l presidente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro), Eric Rivero, planteó que, a propósito de la sequía que afecta a miles de productores agrícolas y ganaderos, República Dominicana debe abocarse a la elaboración de una política nacional de agua, que permita preservar ese valioso recurso para las próximas generaciones.
Consideró que el país debe enfocarse no solamente en paliativos coyunturales por parte de las autoridades, sino en soluciones reales y de largo plazo.
“Cada vez que llueve nos olvidamos del futuro, y los efectos de la sequía ahora mismo se sienten en prácticamente todo el territorio nacional, pues las pérdidas en cultivos y en el sector ganadero se extienden desde la Línea Noroeste, la región Sur y el Sur Profundo, gran parte del Cibao Central y el Nordeste, hasta la vasta llanura del Este”, explicó.
Rivero, también presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (Aproleche), recordó que desde hace más de una década reposa en el Congreso Nacional la propuesta de la Ley de Agua, pero que no ha habido voluntad política para consensuarla y aprobarla.
De igual manera, el dirigente agropecuario reclamó del Gobierno destinar recursos de manera urgente para la construcción de nuevos sistemas de presas y micro-presas, entre los que resaltó la presa de Guaigüí, para suplir agua al Cibao Central; la presa de Monte Grande, para la región Sur; la del río Amina, para la Línea Noroeste, y la presa de Madrigal, para la zona metropolitana de la Capital.
Dijo que en dos décadas no se han construido presas importantes, por lo que ya es hora de que las autoridades presten atención a estos reclamos de los productores y de amplios segmentos de la población.
Confenagro entiende que la política de agua debe incluir también la reforestación de las cuencas hidrográficas y la modernización de los sistemas de riego, así como la promoción de una nueva cultura de ahorro y aprovechamiento responsable del agua por parte de la ciudadanía.
Asimismo, plantea que el país debe abocarse a un pacto social con las instituciones públicas y privadas para consensuar esta política y así preservar el futuro del país.
