La OCDE reconoció este miércoles que una subida de impuestos en España puede ser útil para reducir la desigualdad y las emisiones contaminantes o financiar reformas educativas, laborales o en innovación, pero advierte de que la fiscalidad solo debería subir cuando la recuperación sea firme.
En su informe anual sobre las reformas estructurales publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) subraya que esa mayor presión fiscal tendría que ir acompañada, además, de medidas temporales y selectivas para compensar su efecto a los más vulnerables.
Entre sus principales recomendaciones en el terreno fiscal, están la ampliación de la base imponible mediante la reducción de las exenciones en el impuesto sobre la renta y una menor utilización de los tipos reducidos del IVA en el futuro.
También el incremento a medio plazo de los impuestos sobre los combustibles fósiles, como pueden ser los carburantes de automoción o el gasóleo de calefacción, para gravar las emisiones de dióxido de carbono (CO2), lo que tendría que ir acompañado de un dispositivo de redistribución en dirección de las familias más pobres para que no se vieran perjudicadas.
A nivel internacional, una de las “prioridades” debe ser un acuerdo, que se negocia en la OCDE, sobre la fiscalidad de las grandes multinacionales digitales, afirmó el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, en la presentación del documento.
LA PANDEMIA COMO OPORTUNIDAD PARA LAS REFORMAS
“La pandemia nos ofrece una oportunidad única para reinventar y mejorar nuestros sistemas económicos”, recalcó Gurría.
El exministro mexicano recordó que durante los confinamientos muchos trabajadores se beneficiaron de los ERTE, pero “los autónomos no siempre estaban cubiertos, y los de la economía informal no tenían ningún tipo de red social”.
Los autores del informe hacen notar que la pandemia ha reforzado las debilidades de la economía española, que son sobre todo las de un mercado laboral con un alto desempleo, una capacitación insuficiente de los trabajadores, muchas diferencias entre regiones y una alta temporalidad.
Su primer consejo es acabar con las diferentes reglas autonómicas para establecer un mercado interior “verdaderamente único” que no ralentice el crecimiento de las empresas ni ponga obstáculos a la productividad ni a la creación de empleo.
Eso pasa por continuar la aplicación de la controvertida Ley de Garantía de Unidad de Mercado que se aprobó en 2013 durante el Gobierno del Partido Popular, darle mayor transparencia y aumentar la cooperación entre diferentes administraciones.
EL TRABAJO TEMPORAL, EL MÁS AFECTADO
La OCDE constata que los trabajadores con contratos temporales y con baja cualificación se han visto más afectados por la crisis de la covid, ya que en parte están más concentrados en sectores como el turismo y los cuidados a personas.
Subraya que los cambios de la naturaleza del trabajo, con empleos muy cualificados y un aumento más rápido de la productividad necesitan una mejor formación de la fuerza laboral en un país donde eso falla y donde las necesidades de las empresas con frecuencia no se corresponden con el perfil profesional.
A su parecer, una modernización de la formación profesional y de las prácticas, en cooperación con las empresas, pueden contribuir a que haya una mayor correspondencia entre la oferta y la demanda. También mejoras en la educación universitaria y en la formación de los profesores.
Otro punto en el que la OCDE ve margen de mejora es el de las políticas activas de empleo, a las que habría que dedicar medios para mejorar la formación, y que estén en relación con las necesidades del mercado. Para eso, los servicios públicos de empleo deberían estar más coordinados con las empresas.
Igualmente critica la falta de integración de la ayuda que se presta a los desempleados y propone poner en marcha un interlocutor único para los servicios sociales y laborales, así como el desarrollo de programas de formación dirigidos a personas con baja cualificación o a los trabajadores de mayor edad para, por ejemplo, adiestrarlos en las tecnologías de la información.
El conocido como el “club de los países desarrollados” hace notar que en España después de la fase de “importantes reformas estructurales” que se llevaron a cabo entre 2012 y 2015, los gobiernos en minoría que se han sucedido han ralentizado el paso.
Admite que en respuesta a la crisis de la covid, se han tomado algunas medidas del actual Ejecutivo que elogia, como la mejora de la digitalización de la educación, el aumento de recursos a los servicios de empleo o la creación de una renta mínima.
Y considera que el plan de recuperación diseñado para el periodo 2021-2023 con los fondos europeos ha puesto “una agenda de reformas ambiciosa”.
