La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecaica) informó este viernes que el comercio ilegal de tabaco provoca pérdidas anuales a Nicaragua por 57.1 millones de dólares.
“Según los últimos datos, Nicaragua perdió anualmente alrededor de 2,000 millones de córdobas (unos 57.1 millones de dólares) en impuestos a causa del comercio ilícito”, dijo a Efe el representante del Comité Pro Comercio Lícito de Fecaica, Alex Romero, luego de que el organismo sostuvo un conversatorio sobre el tema con autoridades de los países de la región.
Durante el conversatorio, en el que participaron delegados de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), se hizo referencia al tabaco como uno de los principales productos que se comercializa de forma ilícita en Centroamérica, pero no el único, y en el caso de Nicaragua parece que cuenta con ventajas.
“Este tema no solo afecta a la industria tabacalera, sino a muchas otras, como la de alimentos, perfumes y licores. Sin embargo, no hay evidencia de que el Gobierno actúe para combatir el contrabando. Este flagelo se ataca con mayor atención en los demás países de la región”, explicó Romero.
Un ejemplo mostrado por Fecaica sobre cómo el comercio ilegal de tabaco encuentra estímulos en Nicaragua son los impuestos.
De acuerdo con la federación regional, “en 2019 el Impuesto Específico al Consumo de Cigarrillos y otros productos de Tabaco (IECT) se elevó a 2,000 córdobas (57,1 dólares) por cada 1,000 unidades. En 2020 subió a 2,500 córdobas (71.4 dólares), y en este 2021 alcanzó los 3,450 córdobas (98.6 dólares) por cada millar”.
Según los registros históricos, el primer incremento mencionado por Fecaica ya representaba un 210 % de aumento con respecto a los impuestos previos, y desde entonces el monto creció un 72.5 % adicional, en menos de dos años.
Tanto Fecaica como la OMA coincidieron en que una manera estratégica de enfrentar el comercio ilícito en Centroamérica es combinando los esfuerzos entre el sector privado y los Gobiernos, así como implementar la Ley Modelo para Combatir el Comercio Ilícito y la Delincuencia Transnacional Organizada, aprobada recientemente por el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), y que no es vinculante.
En Nicaragua, las relaciones entre el sector empresarial y el Gobierno están en un punto bajo desde 2018, cuando las patronales apoyaron las manifestaciones antigubernamentales que estallaron por unas impopulares reformas a la seguridad social, y que fueron neutralizadas a la fuerza por el Ejecutivo, que dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos.
