El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que a principios de esta semana juró su cargo, heredó una economía en crisis, ahondada por la pandemia, y con la difícil tarea de reactivarla para impedir una conflictividad social contenida.
Los indicadores económicos que encontró en el despacho que le dejó su antecesor, Lenín Moreno, no son alentadores, todo lo contrario, certifican la gravedad de la situación.
Con una economía que decreció durante el primer año de la pandemia un 7.1% y que apenas se recuperará en 2021 un 1.5%, según estimaciones del Banco Central, Lasso prevé apostar por el aperturismo, la austeridad y la inversión.
No obstante, reconoce que el camino que necesita andar está plagado de problemas y que, por ello, requiere de una férrea “unidad nacional” para fortalecer su estrategia de reactivación.
Apuesta por más ingresos y menos gasto
Exbanquero y empresario de 65 años, Lasso ha dejado en claro que apostará por mejorar los ingresos y reducir el gasto público, porque ve en la empresa privada y la inversión extranjera el factor clave de la reactivación y la prosperidad.
Y, por eso, ha ofrecido a la empresa privada que participe en los negocios estatales como la industria petrolera, la minera, las carreteras, el turismo y la vivienda, entre otros.
Intentará que la producción petrolera del país, que de promedio ronda los 536,000 barriles diarios, llegue a un millón, y que las tres refinerías estatales aumenten la cuota de 110,000 barriles diarios de derivados que entregan al país, una cantidad para él sin proporción a los 300,000 barriles de crudo que consumen.
Para Lasso, se puede alcanzar esas metas mediante concesiones a empresas privadas, que también pueden rendir frutos en otros sectores como los de administración de la red vial nacional y hasta con el Banco del Pacífico, una entidad administrada por el Estado.
Ecuador, con una rica biodiversidad y orografía, también se presenta como un país de oportunidades para la inversión extranjera y, por ello, piensa crear una “zona franca de turismo”, libre de impuestos para quienes desarrollen el sector.
El objetivo es aumentar los ingresos para acometer las reparaciones necesarias en la mayoría de indicadores económicos, en rojo desde el Gobierno de Moreno.
Con un déficit fiscal de casi US$3,000 millones y una inflación del -1.47% en abril, que sabe más a recesión, Ecuador también está atado a la financiación foránea.
Su antecesor le dejó una deuda pública de US$63,000 millones, según los informes del Banco Central.
Los organismos multilaterales, no obstante, han reafirmado su compromiso para acompañar a Ecuador y, por ello, se espera que la Administración de Lasso pueda pactar fórmulas que sopesen las dificultades financieras del Estado.
Su tarea es compleja y hay quienes sostienen que el país no aguantaría eventuales ajustes tributarios o fiscales, menos aún recortes en sectores sensibles de la economía.
La amenaza social
Para el catedrático Pablo Dávalos, Lasso afronta un dilema crucial en su afán de reactivar la economía por la vía del aumento de ingresos y la reducción del gasto público.
Según el analista, el presidente ecuatoriano ha apostado por “la línea de la oferta”, cuando el país reclama soluciones “por la vía de la demanda”.
Por ello, considera que la reactivación económica en el modelo de Lasso será difícil y tendrá grandes obstáculos políticos y sociales que afrontar.
Y pese a que el movimiento de centroderecha CREO, que lidera el nuevo presidente y apenas cuenta con 12 escaños propios en la Asamblea, ha logrado compaginar una mayoría parlamentaria para organizar la nueva legislatura, ello no supone que esa fuerza lo acompañe en otras decisiones.
Además, recordó que varios sectores sociales “han empezado a demandar” que se elimine un decreto que ha incrementado el valor de las gasolinas mediante un sistema de bandas de fluctuación y que fue impulsada por Moreno en medio de la pandemia.
Para Dávalos, si no se atienden primero las demandas de la población, que ha soportado el rigor de la crisis económica y sanitaria, Ecuador podría “seguir la dirección de Colombia”, con “escenarios de conflictividad social”.
