Los ministros del G7 negocian este fin de semana en Londres una reforma de la fiscalidad corporativa. Sus discusiones tendrán continuidad las próximas semanas en el G20 y en el llamado marco inclusivo de la OCDE con vistas a un acuerdo que podría formalizarse el próximo otoño.
¿Quién está negociando?
En la capital británica están reunidos los ministros de Finanzas de los siete países más ricos (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá).
Aunque se espera que los avances en sus conversaciones se reflejen en su comunicado final, eso no sería más que una primera fase. En primer lugar porque debería ser refrendado en la cumbre de los líderes del G7, del 11 al 13 de junio.
Las discusiones técnicas se han llevado a cabo desde hace dos años en el marco inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del que forman parte en la actualidad más de 140 países y jurisdicciones y que tiene prevista una reunión en línea el 30 de junio y el 1 de julio.
Las decisiones allí se toman por consenso, por lo que teóricamente cualquiera de las partes podría bloquear la situación. Pero en la práctica nadie imagina que un pequeño país pudiera oponerse a un acuerdo que hubiera obtenido un amplio respaldo.
Para que eso ocurra, será fundamental ver qué sucede en el G20, que organiza un encuentro de ministros de Finanzas el 9 y el 10 de julio en Venecia y luego su cumbre el 30 y el 31 de octubre en Roma.
En ese foro están representados no sólo los países más ricos, sino también las grandes economías emergentes (como China, India o Brasil). El visto bueno del G7 y del G20 es imprescindible, pero no suficiente.
¿Qué se negocia?
El objetivo es evitar que las grandes multinacionales eludan el pago de impuestos alojando una parte importante de sus beneficios en jurisdicciones que para atraerlas les ofrecen un nivel de impuestos muy bajo.
Esas prácticas de optimización, aunque sean legales, cada vez resultan más insoportables para las opiniones públicas y para las arcas de muchos Estados. Sobre todo con la crisis que ha disparado la deuda.
Las discusiones se desarrollan en torno a dos pilares. El primero para garantizar que las empresas digitales a partir de cierta dimensión aporten su contribución en los países donde hacen negocio aun sin tener presencia física.
En el estado actual de las conversaciones, se analiza a partir de qué tamaño (en términos de actividad y/o beneficios) una compañía quedaría cubierta y tendría que rendir cuentas ante el nuevo dispositivo (se ha hablado de alrededor de un centenar) y qué parte de los beneficios se redistribuirían.
Una de las hipótesis que ha circulado en las últimas semanas es que a partir de una rentabilidad del 20 %, todo lo que estuviera por encima sería gravado no en el país donde el grupo tenga su sede formal, sino que se repartiría en aquellos en los que tiene clientes.
Igualmente se ha barajado la posibilidad de que el porcentaje por distribuir fuera el 20 %.
El segundo pilar busca establecer de forma global un tipo impositivo mínimo de tributación efectiva para las multinacionales. La Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, había hablado inicialmente de un 21%, pero ante las oposiciones internas parece inclinarse por un tipo en torno al 15%.
En Europa, países que como Francia tienen unos tipos elevados para el impuesto de sociedades, que en 2022 se quiere hacer converger al 25%, hubieran preferido que la cifra del impuesto mínimo fuera el más alto posible. Al mismo tiempo hay otros que ofrecen tipos muy bajos (como Irlanda o Hungría) y no quieren perder su atractivo.
