El Gobierno brasileño calcula que recibirá unos 100,000 millones de reales (unos US$20,000 millones) por la venta del control de Eletrobras, la mayor eléctrica de América Latina, lo que convertiría su privatización, autorizada el lunes por el Congreso, en la mayor en la historia del país.
El cálculo, divulgado este martes por el Ministerio de Economía, incluye lo que recibirán las arcas públicas mediante una capitalización de la empresa sin la participación del Estado y por la posterior venta de las acciones que sobren en este proceso.
El Estado brasileño es actualmente el propietario del 60% de las acciones de Eletrobras, la mayor generadora y transmisora eléctrica del país, porcentaje que se reducirá a cerca del 45% tras la prevista capitalización, por la que la empresa realizará una oferta pública de acciones en la bolsa de Sao Paulo de la que se abstendrá de participar el Estado.
El secretario especial de Desestatización y Desinversiones del Ministerio de Economía, Diego Mac Cord, explicó en una rueda de prensa que la oferta inicial de sus acciones en Eletrobras le rendirá al Estado unos 20,000 millones de reales (unos US$4,000 millones).
Agregó que las ofertas secundarias que podrá hacer para deshacerse de las acciones con las que quedará dejarán en las arcas públicas otros 80,000 millones de reales (unos US$16,000 millones).
Tales valores convierten el proceso en “la mayor privatización hasta ahora vista en el país”, dijo.
“Tenemos la intención (de vender las acciones sobrantes). Pero el cómo y el cuándo sólo lo sabremos cuando tengamos el modelo completo. No conseguimos concluirlo todo ahora y el mercado tampoco tiene la capacidad para absorberlo”, admitió.
Privatización fue aprobada por el congreso tras varios años
El decreto ejecutivo que permite la privatización de Eletrobras fue aprobado el lunes por la Cámara de Diputados, por 258 votos a favor y 136 en contra, luego de que la medida recibiera la luz verde del Senado la semana pasada, y ahora sólo depende de la sanción del presidente, Jair Bolsonaro.
La venta de la eléctrica estaba estancada en el Congreso desde el Gobierno de Michel Temer (2016-2018) pero Bolsonaro quiso darle un nuevo impulso en el marco de su ambiciosa agenda de privatizaciones y concesiones de activos públicos.
Pese a la venta del control, el proceso le garantiza al Estado brasileño una “acción dorada” de la empresa, que le daría poder de veto en decisiones estratégicas de la compañía.
Según las proyecciones del Gobierno, la primera etapa del proceso de privatización, es decir la capitalización de la empresa, puede estar concluido en febrero de 2022.
De acuerdo con el Gobierno, la privatización permitirá que el sector privado realice las inversiones exigidas por la empresa y al mismo tiempo reducirá las cuentas de energía de los consumidores en cerca del 7.36%.
Pese a esos cálculos, empresas del sector alegan que algunas de las medidas aprobadas por el Congreso, como la exigencia de que la compañía contrate térmicas de gas natural en diferentes regiones del país (lo que exige la construcción de gasoductos) representan un gasto extraordinario de 40,000 millones de reales (unos US$8,000 millones) que tendrían que asumir los consumidores.
