Los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países del G20 debatirán entre el 9 y el 10 de julio en Venecia si hay margen para incrementar más allá del 15% el impuesto mínimo para sociedades, tal y como han pedido algunos países como Argentina.
El pasado 1 de julio, 130 países y jurisdicciones de los 139 que forman parte del llamado marco inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) suscribieron un compromiso “histórico” para aplicar una nueva fiscalidad a las multinacionales, para que no se alojen en paraísos fiscales y eviten pagar impuestos.
El mecanismo consensuado se sustenta sobre dos pilares, uno de ellos es aplicar un tipo mínimo del impuesto de sociedades de al menos el 15% a las empresas con una facturación de al menos €750 millones.
Algunos países, como Argentina, han pedido que este porcentaje sea aún más ambicioso y de hecho el ministro de Economía del país, Martín Guzmán, afirmó recientemente que “una tasa del 21% sería mejor, pero una del 25% aún mejor”.
Fuentes de la presidencia italiana del G20 han confirmado que el tipo mínimo tendrá que definirse en los próximos meses y que hay margen para continuar con el debate sobre si elevarlo.
Estas fuentes destacaron que ya es un paso importante que se haya acordado un tipo mínimo de al menos el 15%, pero subrayaron que los países muestran disponibilidad de seguir hablando sobre cuál debe ser el mínimo efectivo, después de que muchos, no solo Argentina, hayan mostrado su preocupación y afirmado que debe ser superior.
El otro pilar del acuerdo concierne a todas las compañías con una facturación mundial superior a los €20,000 millones y con una rentabilidad (relación entre beneficios e ingresos) superior al 10 .
Los países en los que esos grupos obtengan ingresos superiores a un millón de euros (o a €250,000, en el caso de pequeños estados) tendrán derecho a recibir una parte del impuesto que habrán de abonar.
Lo que se repartirá entre ellos es entre un 20% y un 30% del beneficio residual, una vez que el país donde tenga la sede la compañía se haya quedado con el impuesto correspondiente al 10% de la rentabilidad.
Las fuentes explicaron que la intención es que los países del G20 definan las reglas al detalle antes de octubre, que es cuando lo estudiarán los líderes en la cumbre en Roma, para que el mecanismo se implemente cuanto antes.
Cuando el acuerdo se aplique, añadieron, los países deberán eliminar, si los tienen, sus gravámenes para las digitales u otras iniciativas similares adoptadas de forma individual para evitar la doble imposición, y que el Gobierno italiano quiere que el pacto garantice que a las arcas estatales vayan a entrar los mismos ingresos a los que podrían aspirar con su medida individual.
Los ministros de Finanzas y los banqueros centrales también hablarán sobre el llamado “Marco común para el Tratamiento de la Deuda”, iniciativa impulsada por el G20 el pasado año y que contempla la reducción de las cargas de la deuda para los países con mayores dificultades, para ver si ampliarlo a países con ingresos medios.
Y habrá una invitación al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que aumente sus reservas y capacidad de crédito con una nueva emisión de derechos especiales de giro (DEG), su instrumento monetario, para apoyar a los países con mayores dificultades.
