Un juez federal de Texas ha dictaminado que el programa migratorio de Acción Diferida para los Llegados durante la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que ha sido una vía de regularización de indocumentados, es “ilegal” y lo ha bloqueado para nuevos solicitantes.
En su fallo, el juez Andrew Hanen prohíbe las futuras solicitudes aunque, por el contrario, no ha cancelado de forma inmediata los permisos actuales para las miles de personas que se acogen al programa, ha informado CNN.
Hanen ha dictaminado que el Congreso no le había otorgado al Departamento de Seguridad Nacional de la administración del presidente Barack Obama el poder para crear DACA y limitar la autoridad de los funcionarios de inmigración para cumplir la ley en materia de deportación.
“El Congreso no le ha dado al Poder Ejecutivo rienda suelta para otorgar presencia legal fuera del ámbito del esquema legal”, ha trasladado Hanen en el fallo judicial, en el que se ordena al Departamento de Seguridad Nacional de “no aprobar nuevas solicitudes de DACA ni otorgar el estatus auxiliar”.
El Congreso sigue siendo el único organismo que puede proporcionar una solución permanente para los beneficiarios de DACA a través de la legislación, pero la ley en materia de inmigración no ha evolucionado en los últimos años.
En respuesta, el Gobierno mexicano ha lamentado la decisión en un mensaje del jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez. “Los permisos para los más de 600,000 jóvenes soñadoras y soñadores inscritos permanecen vigentes”, ha destacado.
Velasco ha explicado que el Gobierno mexicano continuará prestando protección y asistencia consular a las personas beneficiarias de DACA a través de la red consular y la Embajada en Estados Unidos.
DACA fue lanzado por el Gobierno de Obama en 2012 y permite que los hijos de inmigrantes ilegales, que fueron llevados a Estados Unidos cuando aún eran menores de 16 años, permanezcan en el país, siempre que llegasen antes de 2007, y aunque actualmente no proporciona legal a sus destinatarios, ha protegido a unos 700,000 jóvenes de la deportación.
Así, el fallo de Hanen ha supuesto un nuevo varapalo a esta medida social que ya vio como el presidente Donald Trump la bloqueó en 2017, aunque más tarde la Corte Suprema del país bloqueó este intento tres años después.
