[dropcap]L[/dropcap]as expectativas creadas con la firma del Pacto Eléctrico se fundamentan en décadas de frustración colectiva por la no solución del problema eléctrico. Administraciones públicas han venido y se han ido, y conociendo diagnósticos de la problemática eléctrica realizados por múltiples instituciones y consultores, locales e internacionales, no han tenido la voluntad ni la decisión para enfrentar un problema que ha requerido la transferencia de más de RD$400,000 millones de recursos públicos en los últimos 15 años para mantener operando un sistema eléctrico deficiente.
En los actuales momentos, se llevan a cabo las discusiones del dilatado Pacto Eléctrico que manda la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo; dilatado porque la misma ley 1-12 del 26 de enero del 2012 en su artículo 35 establecía que a más tardar un año de promulgada la misma, es decir, en enero del 2013, “las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto para solucionar la crisis estructural del sector eléctrico, asegurando la necesaria previsibilidad en el marco regulatorio e institucional que posibilite la inversión necesaria en la energía que demanda el desarrollo nacional”.
Han pasado casi tres años de la fecha en que debió haberse firmado el pacto y aún nos encontramos en las discusiones que pretenden evitar una nueva frustración colectiva ante la incapacidad que como Nación hemos vivido para tener un servicio eléctrico constante, de calidad, a precios competitivos y sostenible en términos ambientales y financieros.
Las discusiones del Pacto Eléctrico se están llevando a cabo en seis mesas que tocan los temas del marco institucional y regulatorio, generación, transmisión, distribución, aspectos tarifarios y financieros, y consumidores.
El mayor reto que tiene el Pacto Eléctrico es sobreponerse a su propia metodología que limita a que las propuestas válidas sean aquellas que resulten del consenso absoluto, tarea muy difícil de conciliar por la diversidad de visiones, intereses y asimetría de información que se presentan entre los actores participantes.
Cabe señalar, que no necesariamente porque una propuesta sea resultado del consenso sea la adecuada para resolver el problema eléctrico. Consenso ni mayoría implica idoneidad o certeza en lo que se decide, sino más bien que es una propuesta que ha pasado el filtro de la democracia participativa y no necesariamente el filtro de la factibilidad técnica y económica.
El artículo 9 del decreto 389-14 que convoca al pacto señala que si las partes no llegan a acuerdos fruto del consenso en el tiempo establecido, “el Poder Ejecutivo podrá ejercer el derecho a someter iniciativas legislativas, arribar a acuerdos y/o dictar decretos, resoluciones, reglamentos e instrucciones en el marco del mandato constitucional”.
Por la cantidad de disensos que se presentarán en las diversas mesas del pacto, todo parece apuntar que las decisiones finales serán tomadas por el gobierno, ya sea de manera unilateral o resultado de acuerdos entre las partes.
Retos en el marco institucional y regulatorio: Las leyes de electricidad y de incentivos a las energías renovables han sido incumplidas en muchos de sus artículos, y hasta cierto punto desestimadas sin haberlas puesto a prueba en toda su extensión. Por tanto, el cumplimiento de las mismas es el principal reto que tiene el sector eléctrico. De igual manera, las instituciones deben cumplir el rol que se les ha asignado y reducir las duplicidades que terminan derrochando recursos y tiempos con resultados insuficientes.
Deben cumplirse los mandatos de ley que protegen al consumidor, pero a la vez hacerlos cumplir sus deberes; la ley debe ser garante para que los agentes del mercado encuentren incentivos que les permitan invertir y desarrollar nuevos proyectos bajo un manto de seguridad jurídica y sin la amenaza de competencia desleal. Sin cumplimiento de las leyes no puede existir orden y armonía en el sector eléctrico. Hay que llevar al sector eléctrico a la legalidad, y el Pacto Eléctrico debe ser garante de eso.
Retos en la generación: Hay que pactar la realización del plan de expansión de la generación eléctrica a mínimo costo que se imponga a las improvisaciones coyunturales y a los cambios de administraciones gubernamentales. Este plan deberá proyectar las tecnologías, capacidades, ubicación de las plantas, tipos de combustibles, en función de la demanda eléctrica y necesidades demográficas de aquí al 2030 para suministrar una electricidad a precio competitivo y sostenible ambientalmente.
Otro reto es cumplir la Ley de Electricidad en cuanto a las licitaciones de compra de energía por parte de las distribuidoras a los fines de cubrir la demanda a mediano y largo plazo. Además se deben corregir las distorsiones que se han creado con la no compensación adecuada del cargo de potencia, y otros aspectos relacionados a la regulación de frecuencia y la limitante del tope de precios en el mercado spot.
Retos con la distribución, subsidios y tarifas: En distribución deben pactarse las acciones inmediatas, así como las inversiones necesarias para reducir drásticamente las pérdidas de energía que actualmente rondan el 33% y representan para las EDE un déficit de centenas de millones de dólares.
De igual forma, mejorar los aspectos operacionales y administrativos de las empresas, y pactar la focalización del subsidio a la tarifa a aquellos consumidores que realmente lo necesitan, así como la aplicación de la tarifa técnica.
Retos en los consumidores: Las empresas deben brindar un buen servicio para poder exigirle al consumidor. De igual forma, el consumidor que cumple sus deberes de manera responsable puede exigir sus derechos. En tal sentido, el Pacto Eléctrico no tendrá sentido si el consumidor no es el centro de las discusiones, porque un consumidor satisfecho es el incentivo para posibilitar la sostenibilidad financiera, y las inversiones que necesita este sector.
