Este lunes fue el primer día laborable en que pudieron volver a tramitarse peticiones de desahucio en EE.UU. tras el fin de una moratoria impuesta por la pandemia, lo que deja al Gobierno de Joe Biden en una posición incómoda y echando balones fuera.
La Administración estadounidense ha publicitado su fuerte acento social desde que llegó al poder en enero, y la propia Casa Blanca ha admitido que no quería que se diera este escenario, pero a su vez asegura que todavía no ha encontrado las herramientas legales para extender la prohibición a los desalojos.
“El presidente ha pedido a su equipo que explore todas las opciones que tenemos para que tantas personas como sea posible permanezcan en sus casas, este es su objetivo”, respondió en una rueda de prensa este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, al ser preguntada por qué Biden no ha adoptado una medida ejecutiva para frenar los desahucios.
“El presidente no se ha rendido y no descarta una acción legal. Pero no dará ningún paso sin la autoridad legal para llevarlo a cabo”, añadió.
PELOSI PRESIONA
Biden se encuentra bajo mucha presión por parte de su propio partido, y la presidenta de la Cámara de Representantes, la también demócrata Nancy Pelosi, le pidió directamente que vuelva a imponer la prohibición a los desahucios a nivel federal.
“Pido a la Administración que extienda inmediatamente la moratoria contra los desalojos. El virus todavía es una amenaza y la extensión de la moratoria se basa en la salud pública y la variante delta de la covid-19. Es un imperativo moral”, escribió Pelosi en su cuenta de Twitter.
Millones de inquilinos estadounidenses se exponen a ser desahuciados tras el vencimiento, durante el pasado fin de semana, de la prohibición federal a los desalojos, aunque previsiblemente el impacto será progresivo y variará por estado.
Según las estimaciones más recientes de la organización sin ánimo de lucro Aspen Institute, más de 6,5 millones de hogares en Estados Unidos (en los que viven alrededor de 15 millones de personas) acumulan retrasos en sus pagos del alquiler, lo que los convierte en potenciales víctimas de desalojos.
Sin embargo, a efectos prácticos es previsible que esta cifra termine siendo mucho más baja, puesto que no todos los inquilinos con retrasos en el pago serán desahuciados y la prohibición de desalojar sigue vigente mediante ordenanzas locales en algunos de los estados más poblados del país como California, Nueva York y Nueva Jersey.
LA PROTECCIÓN DE LOS ESTADOS
Según los cálculos de la Casa Blanca, uno de cada tres inquilinos ya está protegido por las ordenanzas locales, y desde la Administración instaron a los estados y ciudades que todavía no lo han hecho a aprobar medidas similares que cubran, por lo menos, los dos próximos meses.
Además, el Gobierno ha puesto a disposición de los estados y ciudades un fondo dotado con 46.500 millones de dólares para que los repartan entre las personas que están teniendo dificultades para pagar el alquiler, aunque el despliegue de estos recursos está siendo muy lento por las dificultades burocráticas.
La moratoria fue emitida en septiembre de 2020 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), que prohibieron los desahucios alegando que estos representaban un riesgo sanitario en plena pandemia.
A finales de junio —fecha en la que vencía la orden original—, los CDC lograron extenderla hasta el 31 de julio, pero el Tribunal Supremo emitió un fallo en que indicó que “sería necesaria una autorización clara y específica del Congreso” mediante una nueva legislación para volver a renovarla.
