De todos los indicadores que permiten determinar la dinámica económica de un país, la balanza de pagos es una de las más relevantes.
Se trata de un resumen contable que permite conocer, a grandes rasgos, la totalidad de los ingresos de una nación con el resto del mundo, así como los pagos realizados por concepto de importaciones y exportaciones de bienes, servicios y capitales.
Cuando los pagos internacionales de un Estado superan sus ingresos, se habla de un déficit en la balanza de pagos de ese país, que le obliga a gestionar financiamientos para evitar desequilibrios macroeconómicos. Esto es distinto al déficit fiscal, donde el Estado toma prestado para cubrir la diferencia entre sus ingresos y sus gastos en el presupuesto.
Desde su creación el 28 de diciembre de 1945, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha caracterizado por ser un organismo multilateral que pone a disposición de sus países miembros recursos económicos para amortiguar estos desequilibrios en la balanza de pagos, bajo la condición de que se implementen políticas fiscales para prevenir futuros déficits.
Como miembro fundador de este organismo, República Dominicana ha firmado un total de 10 acuerdos para el acceso a créditos a través del FMI, lo que le ha permitido retirar 2,099.9 millones en derechos especiales de giro (DEG), equivalente a US$3,043.7 millones.
Estos retiros representan el 70.9% de la totalidad de los montos acordados con el FMI, estimados en DEG 3,004.5 millones o US$4,290.6 millones.
El acuerdo más reciente que el país realizó con el Fondo se concretó el 29 de abril del 2020, con la aprobación y retiro de más de US$650 millones bajo un instrumento de financiamiento rápido (IFR), “para satisfacer las urgentes necesidades de la balanza de pagos derivadas del brote de la pandemia de covid-19”.
Este préstamo constituye el equivalente en dólares del total de la cuota que paga República Dominicana al FMI como membresía (DEG 450 millones), y se aproxima a los US$665.7 millones retirados en 2005 como consecuencia del déficit dejado por la crisis financiera del 2003.
“La pandemia ha debilitado significativamente las perspectivas macroeconómicas del país para 2020 y ha creado necesidades de financiamiento que requieren apoyo adicional. El IFR proporciona recursos oportunos a las autoridades que tienen la intención de utilizarlo para gastos esenciales de salud relacionados con el covid-19 y apoyar a la población vulnerable”, apunta un comunicado del FMI que informa sobre el acuerdo.
Esta es la primera disposición de fondos del FMI que realiza el país desde la crisis financiera global del 2009. El Gobierno, encabezado en ese entonces por Leonel Fernández, realizó un acuerdo de tres años con el organismo que garantizó recursos por el equivalente de US$1,754.1 millones para aumentar la respuesta fiscal del Estado ante los efectos de la desaceleración mundial sobre la economía dominicana.
Esta cifra es la más elevada en DEG aprobada por el FMI a la República Dominicana, representando un 40.8% del total de montos acordados, y de los cuales se retiró el 70% de los fondos, para unos US$1,227.9 millones, una cantidad cuyos pagos se extendieron hasta el 2016.
Coyunturas de los acuerdos
Las coyunturas en las que República Dominicana ha requerido ayuda financiera al FMI en sus 76 años de relación han sido breves, pero puntuales. El primer acuerdo que realizó el país con el organismo multilateral se realizó en 1959, bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
Con un activismo político en pleno auge y las restricciones impuestas a las importaciones por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras el atentado contra la vida del entonces presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, el régimen se encontraba en una etapa de decadencia que lo llevó a solicitar un préstamo equivalente a US$11.2 millones, de los cuales solo se llegaron a retirar US$9 millones.
Tras el ajusticiamiento del dictador en 1961 y el fin del efímero gobierno democrático de Juan Bosch en 1963, la fuerte dependencia del comercio exterior para generar ingresos a las arcas del Estado agravó la ya afectada balanza de pagos de aquella época.
El Gobierno dominicano, constituido en un triunvirato liderado por Donald Reid Cabral, gestionó la aprobación de US$25 millones en 1964. Durante el año de vigencia de ese acuerdo, el país retiró US$20 millones para equilibrar los compromisos generados por el desbalance entre ingresos y pagos internacionales.
Los acuerdos suscritos en la década de 1980 se realizaron bajo el mandato de Salvador Jorge Blanco, quien en 1983 dispuso un acuerdo de facilidad ampliada (EFF), con un equivalente de US$405.9 millones, el mayor monto aprobado por el FMI al país hasta ese momento.
El libro “Hacienda pública (1844-2000)”, una crónica histórica de las políticas financieras ejecutadas por el Ministerio de Hacienda durante ese siglo y medio, registra que el acuerdo fracasó porque congelaba las fuentes crediticias externas, viéndose reducido el ingreso proveniente del comercio internacional.
De este acuerdo, el Gobierno solo pudo disponer de US$135.3 millones y tuvo que recurrir de nuevo a la firma de otro documento para acceder a un aproximado de US$78.3 millones adicionales, monto del que pudo disponer en su totalidad.
Para la década de 1990, la hacienda pública padeció nuevos desequilibrios con el descenso en el valor de las exportaciones, una sequía que mermó la producción agrícola y un sistema impositivo con una capacidad de respuesta limitada ante estos choques económicos.
Esto trajo como resultado la suscripción de dos acuerdos de DEG: uno aprobado en 1991 con montos equivalentes a US$52.3 millones y otro en 1993 bajo un equivalente de US$44.1 millones, rubricados por el entonces presidente Joaquín Balaguer.
Cambio de perfil de deuda
En la actualidad, el titular del Ministerio de Hacienda, Jochi Vicente, aspira a realizar un cambio en el perfil de la deuda pública consolidada, bajo una estrategia que logre disminuir los compromisos asumidos en moneda extranjera.
A julio del 2021, la deuda externa totaliza US$33,162.7 millones. De ese monto el 19.5% (US$6,473.2 millones) proviene de acreedores multilaterales.
El nuevo compromiso asumido por República Dominicana con el FMI se estima en US$682.1 millones, un 2.1% del total de la deuda multilateral que forma parte de los compromisos asumidos en moneda extranjera.
Derechos especiales de giro
Al no ser una entidad de intermediación financiera, el acceso a fondos por parte del FMI funciona a través de la compra de derechos especiales de giro (DEG), definidos por el organismo como un activo de reserva internacional, cuya equivalencia se basa en una cesta de cinco monedas: El dólar de Estados Unidos, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina.
El DEG representa un derecho potencial frente a las monedas de libre uso de los países miembros del FMI, quienes disponen de su uso mediante la aprobación de acuerdos cuyas asignaciones se distribuyen a los países miembros en proporción a su cuota relativa en el organismo.
