[dropcap]N[/dropcap]ada cuadra con la recién aprobada Ley del Notariado. Ninguno de los sectores de mayor peso en la sociedad dominicana ha entendido cómo pudo haber pasado una legislación que lo único que hará es alejar las posibilidades de que los más pobres y la clase media obtengan una vivienda digna, a propósito de que el déficit está cerca del millón de unidades.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y las asociaciones de Bancos Comerciales (ABA), de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito, así como la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos sostienen que la nueva Ley del Notariado es un desacierto que violenta, incluso, disposiciones constitucionales en los artículos 149, que establece la función judicial, y el 69, sobre la tutela.
Según el jurista Francisco Álvarez Valdez, de la firma Headrick, Rizik, Álvarez y Fernández, alejará al segmento de la población más pobre del sistema bancario por sus altas tarifas, lo que incentivará aún más la economía informal y la evasión de impuestos.
El profesional, quien emitió sus consideraciones en representación legal de las entidades financieras, apuntó que con el actual esquema de tarifas de los notarios los clientes sufrirán aumentos drásticos en sus gastos legales en los préstamos solicitados. Desmintió que los bancos persigan el negocio de cobro de gastos legales para quedarse con una parte del dinero, como erróneamente ha señalado el Colegio de Notarios.
“Uno de los peores efectos de esa ley es que a las personas se les hará más difícil adquirir viviendas de bajo costo, debido a los elevados honorarios de los notarios que se incluyen en los gastos legales del inmueble”, afirma Álvarez Valdez.
Para la ABA, la legislación afecta el acceso de la gente a la propiedad, pues un número importante de personas no podrían acceder a financiamiento para adquirir activos de distintas especies. Además, la entidad considera que vulnera el derecho a la libre empresa y sobre todo a la libertad de competencia, a los que están sujetos todos los profesionales liberales, y se excluiría solo a los notarios, “que no dejan de ser abogados y por tanto profesionales liberales y lo que cobran como notarios no son tasas sino honorarios como bien lo señala la ley”.
Según el Conep, la Ley Notarial 140-15 atenta contra la estabilidad de la economía y desarrollo social, pues impone costos exorbitantes no solo a transacciones empresariales, sino a todas las actividades ciudadanas, perjudicando a toda la población que vería su poder adquisitivo limitado de forma sustancial.
“La Ley 140-15 establece que habrá un Notario por cada diez mil habitantes y en los municipios donde la población no alcance esa cantidad solo habrá dos notarios. De igual forma, ocasionaría grandes inconvenientes en el quehacer de negocios, no solo por los altos costos que representa, sino porque obliga a que los actos sobre inmuebles tengan que ser instrumentados por notarios de la jurisdicción donde están radicados los inmuebles”, sostiene el Conep.
Para la ANJE, las tarifas fijadas mediante la Ley 140-15 resultan insostenibles y obstaculizan el buen desenvolvimiento económico de las empresas, la labor de las instituciones gubernamentales que requieren actos notarizados y de los ciudadanos que requieran de los servicios profesionales de los notarios.
Para la entidad empresarial, sin bien es cierto que la antigua Ley de Notariado 301 del 1964 requería de una actualización, las modificaciones introducidas distan de la realidad económica de los dominicanos y de la capacidad financiera de las pequeñas y medianas empresas.
PONDERACIÓN
El jurista Francisco Álvarez Valdez, en su condición de abogado de las entidades financieras, detalló que al 27 de agosto de este año la cartera de préstamos del sistema financiero nacional rondaba los RD$772,000 millones, lo que indica que es más que el Presupuesto Nacional.
“Si esa cartera tuviesen que renovarla en préstamos de RD$100,000 cada uno, habría que pagar a los notariales RD$23,000 millones”, estimó.
Agregó que la cartera de préstamos para viviendas al 27 de agosto era de RD$4,000 millones.
“El presidente Danilo Medina hace dos meses dictó un decreto calificando a las viviendas de bajo costo las que costarán hasta los RD$2.4 millones. Si convertimos los RD$134,000 millones que se han prestado para viviendas en préstamos de RD$2.4 millones para viviendas de bajo costo habría que pagar de honorarios notariales RD$1,400 millones”, puntualizó. A su entender, la Ley de Notarios es mucho más grave que el tema de las tarifas.
