Desde los suburbios de la desértica Lima hasta el altiplano de los Andes y las quebradas más recónditas de la selva tropical, el lamentable espectáculo de los nidos de basura a cielo abierto se replica en todo el Perú, un país en donde apenas se recupera el 1% de los desechos generados por la actividad humana.
Todos los días, a nivel nacional, se producen alrededor de 21,000 toneladas de basura, elegantemente rebautizada como residuos sólidos.
En los últimos años, esa cifra no ha parado de crecer (en 2007 eran 13,000), revelando un fallo estructural en la relación con la basura que no sería tan grave incordio si el país aprovechara su alto potencial para revalorizar residuos y contara con un eficiente sistema de segregación, recojo, tratamiento y disposición final de desperdicios.
Para Christhian Díaz, director de la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), estos son los principales frenos para dar aliento a la economía circular en el Perú, que irónicamente cuenta con una de las leyes más ambiciosas a nivel regional en esta materia.
“Se piensa en el tema ambiental aún, en algunos sectores del país, como una carga y no como una oportunidad”, se lamentó a Efe Díaz.
¿A dónde va la basura?
De todas las toneladas de basura que se generan, el Ministerio del Ambiente calcula que apenas el 1% se está recuperando.
Poco más de la mitad (54%) va a los 67 rellenos sanitarios que, según el OEFA, hay repartidos en el país, y el resto (45%) acaba arrojado en botaderos, calles, ríos y quebradas.
Así lo precisó a Efe el ingeniero Eduardo de la Torre, coordinador nacional de proyectos de la organización Ciudad Saludable, quien explicó que, a diferencia de los rellenos sanitarios, que son instalaciones debidamente equipadas donde se disponen sanitaria y ambientalmente seguros los desechos, los botaderos “son espacios ilegales, donde hay recicladores informales, donde queman los residuos y no hay ningún tipo de control”.
Estos recicladores obtienen apenas centavos de la recolecta de chatarra, plásticos, papeles, cartones y cristales que encuentran en los botaderos o en los 2,200 puntos críticos de basura registrados en todo el país.
“Esta actividad es necesaria porque viene a suplir la falla que tenemos en la ausencia de un tratamiento diferenciado a partir de una segregación adecuada”, declaró Díaz, aunque insistió en el alto riesgo que supone esta labor para “la salud y la vida de los recicladores”.
En jaque la salud y el ambiente
Y es que la acumulación descontrolada de basura en áreas abiertas de gran extensión se asocia a la aparición de diversas enfermedades infecciosas, como la disentería o la fiebre tifoidea, y además alimenta la proliferación de plagas de insectos y ratas que pueden transmitir parásitos a los pobladores aledaños.
Más allá de las consecuencias sanitarias, y el patente deterioro del paisaje, una deficiente disposición final también tiene impactos en la contaminación del ambiente y de las aguas subterráneas.
Frente a un botadero, existen dos alternativas: o bien se clausura o se convierte en su versión formalizada, el relleno sanitario.
Pero esto último es poco viable, pues según cálculos del OEFA solo un 2% de los 1,637 botaderos que existen hoy en el Perú reúne los requisitos para convertirse en rellenos sanitarios. Por eso “es necesario financiar más infraestructuras”, sostuvo Díaz.
En ese sentido, el Proyecto Planificación ante el Cambio Climático reveló en 2017 que invertir US$68 millones en la construcción de 31 rellenos sanitarios sería menos costoso que mantener los botaderos, revertir las consecuencias en salud y desperdiciar las oportunidades de negocio y empleo, además de evitar 3.14 millones de toneladas de dióxido de carbono que se generarían en poco más de una década.
Compromiso ciudadano e institucional
Para De la Torre, este escenario coloca al Perú ante urgentes desafíos que para resolverse tendrán que beber ineludiblemente de un cóctel de mayor complicidad ciudadana y mejor gestión municipal.
Por un lado, señaló la necesidad de impulsar programas de sensibilización ciudadana y, por otro, de fortalecer la fiscalización a los gobiernos locales, que según la ley vigente son los responsables del manejo de los residuos sólidos.
“Falta mucha educación”, espetó el ingeniero, tras mencionar las escenas cotidianas de vecinos usando calles, acequias y ríos como zonas de disposición de residuos.
El ingeniero se refirió también a la falta de conocimiento legal de los equipos técnicos de las municipalidades y el papel “fundamental” que juegan las empresas.
