El gasto públicos en sanidad o pensiones por el envejecimiento de la población pero también el encarecimiento de los servicios aumentarán globalmente en ocho puntos del producto interior bruto (PIB) la presión fiscal en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de aquí a 2060 si no se llevan a cabo reformas para afrontar el reto demográfico.
Esta es la principal conclusión de un informe publicado este martes por la OCDE, que defiende “un conjunto ambicioso de reformas” del mercado de trabajo y de las pensiones.
Se trata de aumentar la tasa de empleo con la eliminación de las jubilaciones anticipadas, pero también de vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida con ocho meses de trabajo más por cada año de esperanza de vida adicional.
Eso podría reducir a la mitad la presión fiscal esperada para las próximas cuatro décadas, que en realidad difiere bastante de un país a otro por su estructura demográfica actual y su evolución previsible.
Los países que en términos relativos afrontan los mayores retos para sus finanzas públicas son Eslovaquia (17.21 puntos porcentuales de PIB de presión fiscal adicional), Polonia (13.95) y España (13.25).
La OCDE hace hincapié en que mientras dure la crisis por el covid-19 la política fiscal debe privilegiar los esfuerzos de la sanidad y mantener las capacidades productivas con ayudas para preservar la capacidad productiva de los países, sobre todo las pequeñas empresas y los trabajadores vulnerables.
Una vez que se asiente la recuperación, los gobiernos deberán poner fin a sus programas de asistencia y dedicarse a la sostenibilidad fiscal teniendo en cuenta una situación que estará marcada por niveles elevados de deuda pública y unos ritmos de crecimiento económico que van a ralentizarse.
Los autores del informe calculan que mientras el crecimiento económico en el conjunto formado por la OCDE y el G20 se sitúa en torno al 3% anual después del covid, se pasará a apenas un 1.5% en el horizonte de 2060, sobre todo por la desaceleración de las grandes economías emergentes.
Uno de los riesgos con el incremento de la presión fiscal es que aumente todavía más la deuda pública, que ya ha dado un salto importante de entre 20 y 25 puntos de PIB más entre 2019 y 2022 a causa la crisis de la pandemia.
Los autores del informe advierten de que con una “normalización” de los tipos de interés, que siguen en niveles históricamente bajos por la política de los grandes bancos centrales para afrontar el choque del coronavirus, la carga financiera de esa deuda aumentará.
En concreto, un punto porcentual adicional en los tipos de interés mundiales respecto al escenario de referencia supondría una presión fiscal de 1-1.5 puntos porcentuales de PIB más.
Una eventualidad particularmente peligrosa para los países con un mayor nivel de deuda pública, como Grecia, Italia o Japón.
