La orden del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de vetar la entrada al país de su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega; su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y el resto de miembros del Gobierno sandinista tras los comicios del 7 de noviembre en Nicaragua, calificados de “pantomima” por Washington, “es un paso más hacia la ruptura de las relaciones diplomáticas” entre ambos países.
Así lo valoró este miércoles el analista para Centroamérica del International Crisis Group, Tiziano Breda, que da seguimiento a la crisis en Nicaragua, en un análisis compartido con Efe.
“Las tensiones entre el Gobierno nicaragüense han ido en aumento desde que Ortega realizó una farsa electoral el 7 de noviembre, asegurando su reelección al decapitar virtualmente cualquier desafío electoral mediante detenciones y cancelación de partidos” políticos opositores, señaló.
Ortega, que retornó al poder en 2007, fue reelegido para su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo, junto con Murillo como vicepresidenta, en un proceso que fue descalificado en la 51 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que a través de una resolución consideró “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.
Además de la OEA, la Unión Europea, y una parte del resto de la comunidad internacional, han rechazado las elecciones de Nicaragua, entre otros, por la ausencia de siete potenciales candidatos a la presidencia de la oposición que fueron encarcelados previo a las votaciones acusados de “traición a la patria, entre ellas la independiente Cristiana Chamorro, favorita en las encuestas.
La ofensiva de Biden
En respuesta, indicó Breda, Biden firmó tres días después de esos comicios la llamada ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés) que permite aumentar sanciones contra actores claves del Gobierno de Ortega y examinar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (Cafta, en inglés).
El proyecto amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y también insta a Biden a expandir la cooperación con Canadá y con la UE en la política hacia el país centroamericano.
El analista de Crisis Group anotó que el lunes pasado, EE.UU., Canadá y el Reino Unido ampliaron sus listas de personas y entidades sancionadas, incluida el Ministerio Público de Nicaragua en el caso de Washington.
Y ayer Biden ordenó restringir la entrada a EE.UU. de Ortega, Murillo y resto de miembros de su Gobierno, incluido políticos, funcionarios y militares del país, lo que, a juicio de Breda, “es un paso más hacia la ruptura de las relaciones diplomáticas”.
Ronald Reagan hizo lo mismo
No es la primera vez que la Administración estadounidense toma ese tipo de medidas contra Nicaragua.
El 22 de octubre de 1988, la Administración del presidente Ronald Reagan emitió una orden de suspensión de entrada como no inmigrantes de funcionarios y empleados del Gobierno de Nicaragua, que entonces dirigía también Ortega, en respuesta a la expulsión del entonces embajador estadounidense en Managua, Richald Melton, y un grupo de diplomáticos.
Los sandinistas expulsaron al embajador Melton después de una manifestación de protesta antigubernamental en un municipio nicaragüense donde, según el Gobierno de Ortega, habían participado diplomáticos norteamericanos.
Para el analista de Crisis Group, “Ortega está ansioso por convertir a Nicaragua en un Estado paria y es probable que reaccione a la decisión de Biden”, aunque no especuló que podría ser.
A su juicio, “una salida negociada, recomponiendo el tejido social fracturado, debería ser el objetivo” para superar la crisis de Nicaragua.
