La Comisión Europea presentó este miércoles una propuesta legislativa que obligará a las multinacionales a pagar un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades del 15%, en línea con el acuerdo alcanzado a nivel global en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El proyecto de directiva, que todavía debe ser aprobado por unanimidad entre los socios comunitarios, trasladaría a la legislación comunitaria el “histórico” pacto logrado en octubre por 137 jurisdicciones, entre ellas los Veintisiete países del bloque a pesar de las dudas iniciales de Irlanda, Estonia o Hungría.
En particular, la normativa se centra en el llamado “pilar 2” del acuerdo de la OCDE, que busca establecer un “nivel mínimo de imposición” para las empresas.
En una rueda de prensa, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, explicó que Bruselas no dispone de un cálculo exacto de cuánto aumentará la recaudación en el bloque gracias a esta normativa y se limitó a afirmar que aflorarán “unos pocos miles de millones”.
Así, la directiva “establece cómo se debe calcular el tipo efectivo” y contempla normas “claras y legalmente vinculantes que garantizarán que los grandes grupos paguen en la UE un tipo mínimo del 15% por cada jurisdicción en la que operan”.
Las nuevas reglas se aplicarán a todo grupo empresarial, tanto internacional como europeo, e incluidas las entidades financieras, con unos ingresos superiores a los €750 millones anuales que tienen actividad en la UE a través de una filial o su matriz.
Sin embargo, quedan excluidas las empresas públicas, ONG y entidades que forman parte de un grupo multinacional que cae fuera del ámbito acordado en la OCDE.
De esta forma, si el tipo efectivo pagado por una empresa cae por debajo del 15% en un determinado país, el grupo al que pertenece dicha firma tendrá que pagar una cantidad extra para alcanzar ese nivel de imposición, independientemente de si la filial se encuentra en un país que ha firmado el acuerdo de la OCDE o no.
El Ejecutivo comunitario pone el ejemplo de una compañía con unos beneficios de €1,000 que ha pagado impuestos con una tasa efectiva del 10%.
En ese caso, el grupo matriz al que pertenezca la empresa tendrá que pagar un gravamen adicional que cubra los cinco puntos porcentuales hasta el tipo mínimo acordado, es decir, €50.
El proyecto de directiva incluye algunas “excepciones” recogidas también en el acuerdo de la OCDE con el objetivo de reducir su impacto en empresas que realizan “actividades económicas reales”.
En particular, las empresas podrán excluir de la cantidad de ingresos un 5% del valor de sus activos materiales y un 5% de la masa salarial, así como importes mínimos de beneficios para “reducir la carga normativa en situaciones de bajo riesgo”.
Gentiloni, quien defendió que la propuesta está “totalmente” en línea con el acuerdo de la OCDE, instó a los Estados miembros a lograr un acuerdo para aprobarla durante los próximos seis meses para que pueda entrar en vigor en 2023, la fecha pactada en el foro internacional.
