Durante los últimos meses, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) ha sido objeto de debate en los medios de comunicación, debido al aparente manejo inadecuado que anteriores autoridades habían realizado, incluyendo las del pasado y las de este gobierno, centrándose el tema en la supuesta asignación irregular a suplidores de bienes y servicios. Fuera de que sea verdad o mentira las irregularidades que se señalan, lo cierto es que Inabie tiene una responsabilidad demasiado grande frente a la sociedad dominicana, que es la de proveer los bienes y servicios que demandan los escolares dominicanos en todo el territorio nacional.
Para los que no lo saben, INABIE es una entidad descentralizada, adscrita al Ministerio de Educación, creada bajo el amparo del Decreto 468-12, emitido en agosto del 2012. Previo a este decreto, y según lo establecido en la Ley General de Educación 66-97, el Inabie tenía como finalidad “promover la participación de los estudiantes en las diversas actividades curriculares y extracurriculares y promover la organización de servicios, tales como: transporte, nutrición escolar y servicios de salud, apoyo estudiantil en materiales y útiles escolares, clubes científicos, tecnológicos y de artes, becas e intercambios de trabajo social, de turismo estudiantil, trabajo remunerado en vacaciones y de gobierno estudiantil”.
Diez años después del decreto de marras, esta entidad desarrolla e implementa varios “programas inclusivos de apoyo a los estudiantes de todos los niveles, sus familias y comunidades, tendentes a crear un escenario favorable para su aprendizaje y desarrollo integral que garantice la retención y permanencia en el sistema educativo”. Estos programas son: Programa de Alimentación Escolar (PAE), a partir del cual se suplen las necesidades nutricionales de la población escolar para contribuir al aprendizaje, rendimiento y permanencia escolar (incluye el PAE Urbano Marginal, PAE Fronterizo, PAR Real y el PAE de la Jornada Extendida). En el caso de la Jornada Extendida, a través de esta modalidad se sirve desayuno, almuerzo, y merienda a centros educativos a nivel nacional. Para todo esto, el Inabie tiene una asignación presupuestaria que sobrepasa los 26,000 millones de pesos.
En adición a lo anterior, Inabie también gestiona los programas de Salud Escolar, cuyo objetivo es garantizar una mejor atención al estado de salud de los estudiantes en el contexto del proceso pedagógico y en el ámbito escolar a través de cuatro programas (salud preventiva, bucal, visual y auditiva), así como el Programa de Servicio Social Estudiantil, mediante el cual se contribuye al “fortalecimiento de los espacios de participación estudiantil, propiciando su acceso a servicios de apoyo que favorezcan la mejora de las condiciones socio educativo de los y las niños, niñas y adolescentes, para su permanencia en el sistema educativo”.
Fuera del morbo que pueda generar la demanda de pago de suplidores, los problemas de organización interna que aún existen, y las irregularidades en la asignación a suplidores que fueron heredadas por la actual administración, lo cierto es que el Inabie juega un rol de primer orden en el sistema educativo dominicano, tanto así que es una de las entidades llamadas a contribuir con el logro de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Bajo este escenario, entendemos que lo que más le conviene al país es que salvemos al Inabie, que lo transformemos en un órgano técnico, transparente, menos ligada a la repartición del botín político, con reglas de juego más claras y con una interrelación más fluida con las organizaciones empresariales que agrupan a los proveedores. Pero algo más importante, hay que sacar al INABIE de los medios de comunicación, pues este se ha convertido en un distractor para una buena gestión.
