El Gobierno británico aspira a “desbloquear decenas de miles de millones de libras” en nuevas inversiones con una reforma para desregular el sector de los seguros que simplifica la burocracia y el papeleo.
El secretario de Estado de Economía, John Glen, anunció en un discurso ante la Asociación de Aseguradores Británicos los planes del Reino Unido para “aprovechar las libertades pos-Brexit” y relajar las reglas con las que opera el sector en el país.
Según un comunicado del Ministerio de Economía, el proyecto pretende conseguir que “las empresas puedan emplear más de su dinero en invertir, innovar y crear empleos”.
El pasado 31 de enero, el Ejecutivo anunció su intención de impulsar una nueva legislación con la que poner fin al estatus especial que la ley comunitaria aún mantiene dentro del marco legal del Reino Unido tras el Brexit.
Con el llamado Proyecto de Ley de las Libertades del Brexit se pretende recortar 1,000 millones de libras (€1,202 millones) de gastos derivados de burocracia para los negocios, y se facilitará el proceso de revocar o actualizar las regulaciones.
El sector de los seguros se halla sujeto al régimen de supervisión conocido como Solvencia II desde 2016, cuando se introdujo para armonizar la regulación de las aseguradores en toda la Unión Europea.
Glen señaló ante los empresarios que será reformado para centrarse en el Reino Unido, de forma que sea “ágil y fácilmente adaptable”.
“La regulación de la UE ya no funciona para nosotros y el gobierno está decidido a arreglar eso y confeccionar a la medida de nuestras circunstancias la regulación prudencial de las aseguradoras”, señaló.
Según el responsable, el nuevo régimen “facilitará, en lugar de impedir, el desarrollo de mercado, apoyará la entrada de nuevas e innovadoras firmas y permitirá la liberación de capital para inversión productiva”.
Entre las reformas propuestas por el Gobierno están una reducción del margen de riesgo, incluido un recorte de entre el 60% y el 70% para los seguros de vida a largo plazo; un tratamiento “más sensato” del riesgo de crédito; un aumento “significativo” en la flexibilidad para permitir a las aseguradoras invertir en activos a largo plazo como infraestructuras, o una reducción importante en las cargas administrativas.
