Tras un cambio disruptivo hacia la nueva realidad que nos enfrentamos, los ciudadanos en República Dominicana y Centroamericana, se han digitalizado casi que por completo, despertando un interés superior por saber en manos de quién están sus datos personales y con qué fines.
Ante este panorama más exigente, las empresas también han sufrido profundos cambios y adaptaciones en sus modelos de negocio a fin de continuar operando y ofreciendo bienes y servicios a sus consumidores.
En el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que se conmemoró el pasado 28 de enero, especialistas de la firma EY Law hicieron un repaso sobre la importancia de que las empresas centroamericanas cumplan con las normativas legales propias e internacionales en la materia. El presente momento es clave para la región, ya que las empresas no solamente buscan posicionarse con altos estándares de calidad para los consumidores locales, sino que buscan perfilarse como organizaciones acordes a la normativa internacional en la materia, lo que se reflejaría en atraer inversión extranjera y procurar alianzas estratégicas para procurar una recuperación económica tras el fuerte impacto que ha dejado la pandemia.
Cabe rescatar que la protección de datos no es exclusiva para empresas con alto capital o multinacionales, sino que atañe a todo tipo de empresas grandes, medianas y pequeñas que deben tomar en cuenta la importancia sobre las normativas, protocolos de actuación y todos aquellos parámetros dentro del marco de la ley para que estos y toda la información referente al consumidor puedan salvaguardarse ante cualquier situación. Por ejemplo, contar con banner de cookies, políticas de privacidad, términos y condiciones, protocolos de seguridad de datos(ciberseguridad), son parte de los requisitos mínimos que ya deberían estar implementándose. El ideal es que todos los países agrupen estos aspectos dentro de un marco legal. Sin embargo, no es la realidad para todos los miembros del bloque centroamericano.
En nuestra región, Costa Rica, República Dominicana y Panamá cuentan con leyes estructuradas para la protección de datos de carácter personal. Estas normativas establecen las reglas del juego para las personas físicas y jurídicas y sancionan aquellos quienes incurran en faltas al recolectar datos de carácter personal que identifiquen a una persona, almacenarlos, transmitirlos o emplearlos de cualquier forma.
Un país como Panamá, cuya normativa está aprobada desde el 2019 y su reglamento entró en vigencia en mayo de 2021, tuvo una relevancia mayor en el periodo más fuerte de pandemia al contemplar el tratamiento que deben tener los datos de salud. Otro tema interesante que se establece en esta ley y su reglamento es que toma muchos elementos del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.
El reglamento Europeo marcó el comienzo de una nueva era en la protección de datos y la privacidad a nivel mundial, incluido nuestro país, porque el reglamento no solo aplica para empresas registradas en la UE, sino también a cualquier empresa en el mundo que trate con clientes de la Comunidad Europea. Además de ser un referente internacional de la materia que permite aclarar y permitir a manera comparativa, conocer de la materia en aquellas latitudes donde no se cuente con normativa local.
Por su parte países como El Salvador o Guatemala no cuentan con un marco específico para protección de datos, por lo que se rigen por medio de otras leyes como sus códigos penales, constituciones políticas y entre otros.
Para el inicio de nuevas relaciones de negocio, tan necesarias en la actualidad, las empresas en Centroamérica deben ver como mandatorio el cumplimiento de altos estándares de calidad en Protección de Datos. Esto es lo que permitirá a las organizaciones proyectarse como aliados estratégicos con los cuales construir un mejor mundo de negocios.
