Tras casi un año y medio de intensas negociaciones, el acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Argentina quedó finalmente sellado con el aval del directorio ejecutivo del ente financiero, el último fleco que quedaba pendiente.
El máximo órgano de Gobierno del Fondo se reunió el viernes para dar su visto bueno definitivo al acuerdo alcanzado a principios de marzo entre el Ejecutivo que dirige Alberto Fernández y la institución financiera internacional.
El arreglo incluye financiación por más de US$44,000 millones, cifra equivalente a los desembolsos que recibió Argentina con el acuerdo “standby”, firmado en 2018; y se compone por el monto de los vencimientos aún pendientes previstos en aquel pacto más el monto de las amortizaciones de capital ya realizadas entre septiembre de 2021 y enero pasado.
Con los once desembolsos que reciba, Argentina afrontará los pagos hasta 2024 previstos en el programa de 2018 y el remanente se aplicará en fortalecer las reservas monetarias del Banco Central, que actualmente rondan los US$37,031 millones.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, señaló en un comunicado que el país sigue afrontando “retos excepcionales económicos y sociales, como un ingreso per cápita deprimido, niveles elevados de pobreza, una inflación persistente, una carga pesada de deuda y amortiguadores externos bajos”, pese a que la recuperación económica y del empleo están en marcha.
Georgieva detalló que el programa del FMI contiene políticas económicas “calibradas de forma cuidadosa”, como una consolidación fiscal sostenida y respetuosa con el crecimiento, que auguró que fortalecerá la sostenibilidad de la deuda y permitirá eliminar la financiación monetaria del déficit fiscal frente a la inflación.
Aun así, alertó de que los riesgos para este programa son “excepcionalmente altos y las repercusiones económicas de la guerra en Ucrania ya se están materializando”.
En este contexto, consideró “crucial” un reajuste temprano del programa, lo que incluye la identificación y adopción de las medidas adecuadas conforme vayan siendo necesarias para lograr los objetivos.
Según el comunicado del Fondo, durante la reunión los miembros del directorio ejecutivo instaron a que se lleven a cabo “reformas estructurales” para atajar las vulnerabilidades que Argentina afronta desde hace tiempo.
En ese sentido, hicieron hincapié en la importancia de fortalecer el mercado de deuda en pesos y de mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de sectores clave, como el de la energía, además de promover la inclusión laboral y de género.
Asimismo, remarcaron la necesidad de reforzar el clima de inversiones, eliminando paulatinamente las “distorsiones económicas” y proporcionando un marco regulador más predecible, y urgieron a mejorar la gobernanza, impulsando la eficiencia y transparencia del gasto público.
Tras el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo argentino y un equipo del FMI, el siguiente paso era que recibiese el aval del Congreso argentino, algo que ya ocurrió la semana pasada, y, después, el sello definitivo con la aprobación por parte del Directorio Ejecutivo del Fondo.
El crédito que ahora se refinancia fue firmado durante el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019) y en un principio se elevaba a unos US$56,000 millones, de los que finalmente se desembolsaron solo unos US$45,000 millones.
Tras el cambio de Gobierno en 2019 y la llegada al poder del peronista Alberto Fernández, el nuevo Ejecutivo consideró que, con la crisis económica que arrastra desde 2018, el país no estaba en condiciones de devolver el préstamo en los términos acordados por el equipo de Macri, y empezó un proceso de renegociación.
El acuerdo establece una reducción gradual del déficit fiscal primario, desde el equivalente al 3% del PIB en 2021, al 2.5% este año, el 1.9% en 2023 y el 0.9% en 2024, metas que Argentina pretende alcanzar con una expansión “moderada” del gasto real.
Esta expansión debe resultar clave para que no se frene el crecimiento económico, en combinación con un fortalecimiento de la recaudación impositiva y mejoras en la administración tributaria.
Uno de los principales objetivos del programa es bajar la persistente y elevada inflación, que fue del 50.9% en 2021.
Se proyecta una reducción de la tasa de inflación a un rango del 38-48% en 2022, 34-42% en 2023 y 29-37% en 2024.
Argentina y el FMI acordaron que abordarán este problema mediante medidas múltiples. Esto incluye desde una reducción de la emisión monetaria hasta acuerdos de precios y salarios para “anclar” las expectativas.
También se adoptarán otras medidas con el objetivo final de reducir la inestabilidad cambiaria que termina impactando en la inflación.
El entendimiento prevé que la asistencia monetaria por parte del Banco Central al Tesoro pase del equivalente del 3.7% del PIB en 2021 al 1% este año, al 0.6% en 2023 y a cero en 2024.
