Los negociadores de la Eurocámara, el Consejo de la Unión Europea (los Estados miembros) y la Comisión Europea (CE) esperan cerrar mañana un acuerdo político sobre la nueva ley de servicios digitales, que busca regular los contenidos en internet y que lo que se considera ilegal en general también lo sea en línea.
La Comisión Europea propuso hace poco más de un año dos iniciativas legislativas para actualizar las normas que rigen los servicios digitales en la UE: la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA).
Ambas normas pretenden crear un entorno digital más seguro en el que se protejan mejor los derechos fundamentales de todos los usuarios de servicios digitales, y también establecer unas condiciones equitativas para fomentar la innovación, el crecimiento y la competitividad, tanto en el mercado único europeo como a nivel mundial.
La DMA ya fue acordada en marzo con la idea de poner límites al poder de los gigantes de internet como Google, Apple, Meta o Amazon, tras constatar Bruselas que las normas de libre competencia existentes hasta ahora no han evitado el abuso de poder de las plataformas.
Esa ley antimonopolio podría ser complementada mañana con la DSA, si como esperan desde las instituciones comunitarias se cierra con éxito la última reunión a tres bandas que hay programada para tal fin.
La nueva legislación, propuesta por la vicepresidenta ejecutiva de la CE y responsable de Competencia, Margrethe Vestager, y el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, pretende luchar contra la propagación de la desinformación o el ciberacoso, pero también proteger mejor a los menores que, por ejemplo, utilizan redes sociales.
Contempla la posibilidad de que las plataformas tengan que retirar con rapidez contenidos ilegales cuando los detecten pero, además, que faciliten a las autoridades acceso al funcionamiento de los algoritmos que emplean para determinar lo que cada usuario ve, de acuerdo a su perfil.
Está por ver la posibilidad de que las empresas puedan acogerse a secretos comerciales para no facilitar cierta información, y también que las pymes queden excluidas de algunas obligaciones.
Un asunto concreto que se espera quede recogido en esta ley (ya se intentó incluir en la DMA) es el veto a la publicidad personalizada dirigida a los menores de edad.
Uno de los principales asuntos pendientes para los negociadores comunitarios es cómo se aplicará la ley, si la última palabra sobre si las empresas tecnológicas la cumplen la tendrán las autoridades reguladoras de cada Estado miembro o la Comisión Europea.
La postura del Consejo es que la responsable sea la CE para evitar que Irlanda, país que acoge la sede de estas empresas, pudiera retrasar investigaciones.
El Ejecutivo comunitario considera que no es su papel el ordenar a las plataformas retirar contenidos pero sí pedirles transparencia.
Ante un contenido presumiblemente ilegal, las plataformas deberán poner en marcha una medidas de mitigación y realizar una auditoría interna para valorar si se han evaluado los riesgos de manera apropiada y si se han identificado otros riesgos y se han mitigado.
Si esa auditoría resulta insuficiente, la Comisión puede intervenir y tomar medidas reguladoras, ya que si la empresa no corrige la situación estaría infringiendo la DSA y se podrían imponer medidas coercitivas.
Por su parte, la asociación de consumidores europeos (BEUC) pidió hoy en un comunicado a los legisladores europeos que sean “sólidos” para no “aguar” la nueva norma.
En concreto, instaron a prohibir el uso de “patrones oscuros” -trucos diseñados para engañar y manipular a los consumidores para que tomen decisiones probablemente contrarias a sus intereses- a todos los proveedores de servicios digitales y no sólo a las plataformas, dado lo extendidas que están esas prácticas.
También a incluir la obligación de que los mercados en línea verifiquen quiénes son los comerciantes que utilizan su plataforma y realicen controles aleatorios de los bienes y servicios disponibles en ella, ya que actualmente están “plagados de productos inseguros e ilegales”.
Por último, recalca la necesidad de prohibir el uso de los datos de los menores y de los datos sensibles para la publicidad personalizada en línea por parte de todos los proveedores de servicios digitales, no solo de las grandes plataformas.
