La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) alertó sobre una gran evasión en el sistema de seguridad social que profundiza el déficit actuarial y pone en jaque el Seguro Familiar de Salud.
El presidente de la entidad, Víctor Castro, sostuvo que esa situación financiera es creada por cierto segmento del empresariado a través de los subvaluación de las nóminas reportadas a la Tesorería de la Seguridad Social.
A juicio del dirigente empresarial, existe similitud entre este fenómeno y el déficit que arrastra el sistema eléctrico producto del impago y del robo de energía que acogota las finanzas de las empresas distribuidoras.
“Un sector empresarial inescrupuloso, incluyendo zonas francas, está creando un daño muy grave, pone en juego la salud de los trabajadores e impide el aumento de la cápita, con lo cual provoca un efecto dominó en las finanzas de los agentes del sector”, manifestó Castro.
Indicó que es en ese contexto que las clínicas privadas han amenazado con paralizar los servicios a los beneficiarios del Seguro Familiar de Salud, pero indicó que una parte de ese sector también altera costos –con indicaciones médicas abultadas- socavando las finanzas del sistema.
El presidente de la AEIH dijo que el sistema de seguridad social en general opera un modelo de expoliación de una minoría empresarial evadiendo el pago a la Tesorería de la Seguridad Social y de unos agentes, como las administradoras de fondos de pensiones, ganando dinero a mansalva.
“No puede ser legítimo ni admisible que tengamos unas AFP con retornos promedios anuales cercanos al 60%, recuperando en los últimos seis años 8 veces las pérdidas de sus primeros cuatro años de operaciones, mientras los fondos de pensiones de los trabajadores acusan un bajo rendimiento real”, apuntó.
Planteó que 12 años después se impone una revisión crítica y a profunidad de la Ley 87-01, que creó el sistema de seguridad, y se preguntó qué ha hecho la comisión especial creada por la Presidencia de la República cuyo objetivo es fortalecer la acción coordinada de las entidades estatales, para mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud y de las pensiones.##
