La OCDE considera que los impuestos a la vivienda deberían revalorizarse en función del precio real del mercado porque mantenerlos desfasados es injusto, ineficiente y contribuye a la escalada inflacionista de las últimas décadas que dificulta la entrada de jóvenes y de los grupos con menos recursos.
En un estudio sobre la fiscalidad inmobiliaria en sus países miembros publicado este jueves, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que cuando las bases imponibles de esos impuestos a la propiedad no están actualizados se generan distorsiones con los contribuyentes para los que sí se han reevaluado.
También hay distorsiones entre los propietarios de las viviendas que se han revalorizado más o menos desde la última actualización de lo que en España sería el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Y eso puede ser muy significativo cuando se compara la evolución de los precios en grandes urbes, donde el valor inmobiliario por lo general se ha disparado, y otras pequeñas ciudades o zonas rurales.
La consecuencia es un uso menos eficiente del parque de viviendas, ya que los propietarios de las que han subido mucho de precio, por ejemplo en los barrios más buscados de las grandes ciudades, tienen pocos incentivos para dejar sus casas.
Favorecer la movilidad laboral y residencial
Los autores del estudio señalan, por ejemplo, que si ese incentivo fuera mayor, algunos de esos propietarios de edad avanzada se mudarían a otras viviendas más pequeñas en otras áreas y liberarían las suyas con grandes espacios a familias más jóvenes.
También hacen hincapié en que unas bases imponibles desfasadas reducen la equidad fiscal y hacen hincapié en que la digitalización está reduciendo los costes para proceder a actualizaciones periódicas.
A ese respecto, recuerdan que la forma más habitual revalorizar las bases impositivas es comparando el valor de las operaciones de venta o de alquiler, como se hizo en Dinamarca en una reforma en 2017 que acabó con la congelación de esas bases desde 2002 que había contribuido a que los precios se dispararan.
Dentro de la OCDE, hay países que las reevalúan de forma regular, como Noruega, Nueva Zelanda, Lituania o Nueva Gales del Sur en Australia. Por el contrario, otros no lo han hecho desde hace muchos años: Austria en 1973, Bélgica en 1975, Francia en 1970, Alemania en 1964 (1935 para los territorios de la antigua República Democrática Alemana), Luxemburgo en 1941 y Reino Unido en 1991.
Los impuestos a las transacciones son dañinos
La organización critica las tasas que se aplican en las transacciones porque, aunque pueden resultar atractivas para la Administración, pueden frenar los cambios de propiedad y por tanto perjudicar la movilidad residencial y laboral.
También cargan contra los incentivos fiscales a la compra de la vivienda mediante deducciones de los costos crediticios, ya que “la evidencia empírica sugiere que no sirve para ampliar la tasa de propietarios” y, por si fuera poco, favorece la inflación de precios cuando la oferta de vivienda es limitada.
Además, esas exenciones representan un costo fiscal “significativo” para las arcas públicas y tienen un efecto “regresivo”. Es decir, que beneficia más a los grupos más pudientes.
En esa misma línea, se pronuncian por limitar las exenciones fiscales enlas plusvalías a las que se pueden acoger quienes venden su primera residencia, ya que eso refuerza la progresividad de los impuestos y además reduce la presión sobre los precios de la vivienda.
Por el contrario, sí que apuestan por los incentivos fiscales para reformas que permitan una mejora del rendimiento energético de las casas, pero asegurándose de que van dirigidos a las familias con bajos ingresos.
La OCDE estima que los impuestos a los pisos vacíos que han establecido algunas ciudades para favorecer que salgan al mercado del alquiler o que se utilicen como vivienda han demostrado ser útiles en algunos lugares para aumentar la oferta, aunque admite que en otros “han tenido un impacto limitado”.
En cuanto a los gravámenes especiales para quienes dedican sus viviendas para alquileres turísticos de corta duración en lugar de consagrarlos a habitantes de largos periodos, su dictamen es más bien poco favorable porque aunque puede ser racional teóricamente, “crea distorsiones y riesgos que afectan a la oferta de vivienda residencial abordable”.
En las últimas dos décadas (de 2000 a 2020) los precios de la vivienda han subido más que la inflación en todos los países miembros de la OCDE salvo en Japón.
España se quedó en medio de la tabla con un ascenso del 54.1% en ese periodo por delante de Estados Unidos (45.3%), Alemania (27.6%) o Italia (5%), pero por detrás de Reino Unido (88.7%) o Francia (88%).
