Se repetirá hasta que se entienda: el cambio climático es una realidad. En ese contexto, Latinoamérica tiene todas las perder y República Dominicana, independientemente de su responsabilidad en el deterioro del medio ambiente, se posiciona como el segundo país con más riesgo. Esta vez no lo dice una fuente extranjera. Lo confirmó el propio ministro de Hacienda, Jochi Vicente.
Pareciera que esa institución no tiene ninguna ficha importante que jugar. Sin embargo, solo en el país, se estima que – en conjunto – las lluvias de noviembre del 2016 a abril del 2017, junto a los huracanes Irma y María, provocaron pérdidas que ascienden a unos RD$49,837.41 millones, equivalentes a US$1,044.37 millones.
Esas cifras representaron un 7.98% del gasto público presupuestado para 2017, y el 1.5% del PIB del 2016. Así que los desastres naturales, son costosos para el Estado. Así que sí. Su involucramiento es significativo. Junto a los ministerios de Economía y Finanzas tienen la responsabilidad de, por un lado, diseñar y aplicar los instrumentos económicos que contribuyan a la mitigación del calentamiento, y por otro, adaptar los sistemas de ingresos y gastos públicos hacia esos propósitos.
Impacto
Hace 50 años, en promedio, el país se veía impactado por un evento de esa magnitud cada dos años. En la década de los 90, se incrementó a casi un evento anual. A partir del 2000, aumentó a 2.6, aunque disminuyó levemente a cerca de dos posterior al 2010.
A nivel regional, las proyecciones a futuro son más sombrías. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que las pérdidas anuales provocadas por el cambio climático podrían alcanzar US$22 billones para 2050, lo que representa aproximadamente el 10% de la economía del Caribe.
Durante el lanzamiento de una plataforma regional de cambio climático, Vicente enfatizó que para el Gobierno dominicano es una prioridad enfrentar el cambio climático impulsando una verdadera transición energética y minimizando los riesgos económicos, sociales y ambientales de los eventos atmosféricos.
Tal como dijo el ministro, ciertamente, a diferencia de los países vecinos, Quisqueya ha “corrido con la buena fortuna de salir prácticamente ilesa” de los últimos acotamientos climáticos, pero aún permanece en la ruta de los huracanes.
Ante ese panorama, que en República Dominicana la quinta parte de la población viva en condiciones de pobreza y la economía aún muestre una considerable dependencia del turismo de playa como fuente de generación de empleos y divisas, “nos coloca aún más en situación de vulnerabilidad ante los fenómenos que puede desatar el cambio climático”, dijo.
Medidas
La toma de medidas, ante esa realidad, se vuelve fundamental. En ese sentido, la incorporación del análisis de riesgo en los procesos de inversión pública sirve para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Estos deben incluir acciones para reducir el riesgo existente, así como asegurar de que todo nuevo proceso de desarrollo no genere nuevos riesgos.
Tal como detalla un estudio del BID, la existencia de normatividad que ordene realizar un análisis del riesgo de desastres en la fase de pre-inversión del ciclo de proyectos está en al menos el 50% de los 26 países de América Latina y el Caribe. En el caso de la República Dominicana lo establece las Normas Técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante la Resolución No. 01-2010.
A su vez, son las inversiones sustentables donde se encuentra la tecnología de punta y los empleos del futuro. Un planeta más caliente significa menores rendimientos agrícolas, puede producir grandes daños a la infraestructura y aumenta el riesgo tanto de enfermedades como de muertes en América Latina y el Caribe.
En definitiva, la crisis climática ya nos alcanzó a todos. Si bien los gobiernos están tomando medidas para aliviar el daño generado por la pandemia, por el lado de la crisis clima aún falta mucho por hacer. El BID asegura que los ministerios de finanzas pueden y deben tener un papel mucho más relevante. Las pérdidas por los desastres naturales en los últimos años han devastado el turismo, la agricultura y muchas otras actividades productivas.
