El Gobierno español envió este sábado a la Comisión Europea (CE) el plan presupuestario de 2023, que incluye una previsión alternativa de recaudación mayor, con €10,000 millones de margen adicional de gasto para prorrogar medidas que palíen el impacto inflacionario de la guerra de Ucrania.
Ello se debe a “los buenos resultados de la liquidación del IRPF (impuesto de la renta de las personas físicas) y del Impuesto de Sociedades (pagado por las empresas) por el dinamismo del empleo y el sólido crecimiento económico”, según un comunicado del Ministerio de Hacienda.
Aparte de los ingresos y gastos que reflejan las cuentas públicas en el momento de preparar los presupuestos del Estado de ese año, se plantea otro ‘escenario’ con una recaudación mayor, que “dará margen para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estimen convenientes”.
El Ejecutivo aprobó el proyecto legislativo de presupuestos el 4 de octubre pasado, y tendrá que ser debatido y votado por el Parlamento.
En números, el plan presupuestario de 2023 recoge en el primer supuesto que los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas españolas supondrán un 42.3% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, €587,609 millones en términos de contabilidad nacional.
Y los gastos alcanzan el 47.1% del PIB en 2022 y del 46.2% en 2023.
En este caso, ya se considera un impacto de €10,000 millones por las medidas socioeconómicas aprobadas hasta la fecha para reducir los perjuicios de la guerra y la crisis energética derivada.
El segundo supuesto, el punto de partida de ingresos en 2022 es “mejor de lo esperado”, según el Gobierno.
Así, los ingresos totales del conjunto de las Administraciones Públicas supondrían un 43% del PIB, es decir, €597,265 millones en términos de contabilidad nacional.
La partida de impuestos pasaría de los €344,627 millones previstos inicialmente a los €354,283 millones, €9,656 millones adicionales.
“Se prevé la utilización del posible margen fiscal -incide Hacienda- para prorrogar y adoptar aquellas medidas que se estime más adecuadas con el fin de proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética”.
En este segundo ‘escenario’, los gastos alcanzarían para el total de Administraciones Públicas un 47.9% del PIB en 2022 y un 46.9% en 2023.
En cualquier caso, Hacienda subraya en la nota que el plan presupuestario refleja “el compromiso del Gobierno con el saneamiento de las cuentas públicas”, y añade que la previsión de déficit de 2023 se sitúa en el 3.9%, con una reducción respecto al 5% de 2022.
