El Gobierno de Panamá dijo este lunes que aspira a firmar “a más tardar el 14 de diciembre próximo” el nuevo contrato de una gran mina de cobre que está operativa y es propiedad de una filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), cuyos términos fueron anunciados en enero pasado.
La mina a cielo abierto Cobre Panamá, una de las más grandes de Latinoamérica, pertenece a la empresa Minera Panamá. El contrato ley que la regía fue declarado inconstitucional en 2018 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Gobierno de Laurentino Cortizo comenzó a negociar uno nuevo en septiembre de 2021.
“Hoy (lunes), el Gobierno de Panamá ha establecido una hoja de ruta para la conclusión de este asunto a más tardar el 14 de diciembre de 2022”, anunció el titular del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Federico Alfaro, tras sostener una reunión con representantes de First Quantum Minerals y Minera Panamá.
La reunión, explicó el MICI en un comunicado, “es la conclusión de los esfuerzos para formalizar nuestro acuerdo alcanzado en enero de 2022 para la suscripción de un nuevo contrato para la mina de Cobre Panamá”.
Agregó que “aunque el Gobierno de Panamá y Minera Panamá llegaron a un acuerdo sobre los términos en enero (pasado), los siguientes diez meses de discusiones de redacción no han resultado en la firma de un contrato”.
“Hemos tenido una conversación franca y seria con Minera Panamá y First Quantum sobre la conclusión de las discusiones relacionadas al contrato. El futuro de Cobre Panamá es de vital importancia para el país, el pueblo panameño y sus trabajadores. Hemos sido muy claros con Minera Panamá y First Quantum sobre la necesidad de avanzar en la hoja de ruta para la firma del contrato a más tardar el 14 de diciembre de 2022”, dijo el ministro, de acuerdo al comunicado.
Según lo anunciado por el Ejecutivo de Cortizo en enero pasado, el nuevo contrato eleva de 2% hasta “entre 12% y 16% las regalías” y garantiza un aporte anual mínimo al Estado de US$375 millones, “10 veces más” de lo que ha aportado la empresa anteriormente.
Además del ingreso mínimo y el alza de las regalías, el Estado panameño también estableció en su oferta a la minera el pago del impuesto sobre la renta (ISLR), de lo que hasta ahora ha estado exenta, con una tasa de 25%, y la retención del impuesto para los pagos por intereses bancarios y de dividendos.
El Gobierno ha sido criticado con dureza por activistas y políticos que reclaman que la mina opera en la “ilegalidad” y suministrando al Estado un “aporte pírrico”.
Organizaciones ambientalistas además han rechazado el nuevo contrato minero alegando que las ganancias prometidas nunca compensarán los perjuicios a las fuentes de agua y a la biodiversidad que tienen las 25,000 hectáreas de la concesión.
Ubicada en el distrito de Donoso, provincia caribeña de Colón, la mina Cobre Panamá, propiedad de Minera Panamá, es la “inversión privada más grande del país”, con unos US$6,700 millones, destacó el MICI.
La mina comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019, luego de que en 2018 el Supremo declarara inconstitucional una ley de 1997 que avaló la concesión, dada primeramente a la ya extinta Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá.
El fallo dio respuesta a un recurso presentado por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) al considerar que el proyecto era lesivo para el Estado y para los recursos naturales del país.
