El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió este jueves al Gobierno de España que limite a los más vulnerables las medidas para paliar el encarecimiento del precio de la energía ya que las medidas generales han sido muy costosas.
El organismo hizo esta apreciación en su último informe publicado hoy en el que aumenta seis décimas su cálculo de crecimiento de la economía española en 2022, que ahora sitúa en el 5.2%, mientras que baja una décima las perspectivas para este año, hasta el 1.1%.
En él hay un análisis específico de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno español para paliar el encarecimiento energético.
Algunas de las políticas, señala el FMI, “se han dirigido adecuadamente a los hogares y empresas vulnerables” y el Gobierno ha sabido identificar correctamente “que el grupo de hogares vulnerables se extiende más allá de los más pobres”.
Pero, al igual que en otros países europeos, “la mayor parte del apoyo fiscal ha consistido en medidas no dirigidas (generales) que debilitan las señales de los precios”, como son las reducciones de impuestos sobre la electricidad y los descuentos en los combustibles.
“Estos últimos han sido fiscalmente costosos, y los beneficios se acumulan desproporcionadamente en los hogares de mayores ingresos”, señala el organismo.
El costo fiscal directo del paquete ya ha sido relativamente alto (alrededor del 1.5% del PIB de 2022) y nuevas extensiones de las medidas aumentarían los costos.
El mecanismo ibérico reduce, por el contrario, los precios de la electricidad y, por lo tanto, reduce un poco los incentivos para ajustar la demanda, pero a diferencia de la mayoría de las otras medidas que afectan los precios, no impone un costo fiscal.
En el futuro, el Fondo recomienda permitir al mercado operar con mayor libertad en lo que a precios se refiere y dirigir las medidas de alivio a los más vulnerables.
Insiste en este sentido en que actuar sobre los precios retrasa su inevitable ajuste y reduce los incentivos para que los hogares ahorren y las empresas ahorren energía, sin olvidar que provoca que la demanda siga siendo alta y conlleve, de nuevo, el encarecimiento.
Entre las propuestas, el Fondo considera que las transferencias directas, por ejemplo en forma de cupones (idealmente vinculados a los ingresos y el tamaño del hogar), serían preferible a las medidas que actúan sobre los precios.
Otras posibles medidas son las tarifas por bloques (que implican un precio subvencionado para el consumo básico de energía y precios de mercado para niveles más altos de consumo) y las tarifas sociales (descuentos para hogares vulnerables, como el bono social español).
A medio plazo, sería necesario continuar los esfuerzos para superar la dependencia de los combustibles fósiles, insiste el Fondo, que pide inversiones en energías alternativas bajas en carbono, almacenamiento e interconexiones.
La cuota de generación de electricidad a partir de fuentes renovables en España ha aumentado significativamente hasta alrededor del 40 % del total, por encima de la media de la UE, frente al 15% de hace quince años.
Se requerirá, así, una expansión continua del sector renovable para cumplir con el ambicioso objetivo del gobierno del 74% de la producción de electricidad para 2030 y el 100% para 2050.
También defiende aumentar la cobertura e interconexión de las redes eléctricas. Con un 6.5%, España es uno de los pocos países que no ha alcanzado el objetivo de la UE del 10% de interconectividad eléctrica entre países para 2020 (15% para 2030).
España ha asignado alrededor del 40% de los fondos NGEU para apoyar proyectos de inversión verde, con inversiones iniciales que priorizan la energía limpia, la movilidad sostenible y las renovaciones de eficiencia de edificios, señala el organismo.
