La minería informal en Brasil, que en su mayoría es ilegal, se disparó en 2022, año en el que el área ocupada por los denominados “garimpeiros” creció en 35,000 hectáreas afectando principalmente a la región amazónica, sus áreas de conservación y a los territorios indígenas allí asentados.
En 2022, precisamente el último año del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, el 39 % del área ocupada por extracciones en la más extensa selva tropical del planeta estaba dentro de alguna reserva ambiental o territorio indígena, zonas prohibidas para la minería en el país, según un estudio divulgado este viernes por la iniciativa Mapbiomas.
El trabajo revela que el bioma concentra el 92 % de las extracciones informales del país, de las cuales casi la mitad (40.7%) fueron abiertas en los últimos cinco años.
En cuanto a las extracciones ilegales en zonas de conservación y tierras de pueblos originarios, la superficie ocupada en estos territorios el año pasado era 190% mayor que en 2018.
De acuerdo con Mapbiomas, el área ocupada por minas ilegales en 2022 sumaba más de 25.000 hectáreas en territorios indígenas y 78,000 hectáreas en zonas de conservación ambiental.
Eso significa que las áreas explotadas ilícitamente en los asentamientos indígenas el año pasado fueron un 265% mayores frente a las que había en 2018, lo que supone que casi dos tercios (62.3%) de las minas ilegales en estas tierras se abrieron en los últimos cinco años.
Los pueblos kayapó, munduruku, yanomami, tratarim do igarapé preto y sai-cinza, todos asentados en la Amazonía brasileña, han sido los más afectados por la actividad extractiva.
Ya en cuanto a las reservas ambientales, el estudio dice que cerca de la mitad (43%) de las áreas con minas ilegales fue abierta en el último quinquenio siendo las más afectadas APA do Tapajós, Flona do Amaná, Esec Juami Japurá, Flona do Crepori y Parna do Rio Novo.
“(…) Su existencia y crecimiento son evidencia del apoyo económico y político a la actividad, sin la cual no sobrevivirían, ya que se encuentran en zonas donde la minería está prohibida”, destaca César Diniz, coordinador técnico de mapeo minero de MapBiomas, citado en un comunicado.
La mayor expansión de la minería ilegal se produjo precisamente bajo la gestión de Bolsonaro (2019-2022), un defensor de la explotación económica de la Amazonía, incluso en tierras de pueblos originarios.
Entre 2019 y 2021 la actividad aumentó un 53.8% en tierras indígenas, según datos de Mapbiomas, del año pasado.
Ríos contaminados por la fiebre del oro
Una de las consecuencias de la minería es la sedimentación de los ríos y la contaminación de sus aguas.
En el estudio, Mapbiomas destaca que el 85.4% de las 263,000 hectáreas que son explotadas en el país son para la extracción de oro, la mayoría de ellas en la Amazonía brasileña, en reservas ambientales o tierras indígenas.
El bioma es el territorio ideal para llevar a cabo esa actividad por la cantidad de fuentes hídricas que lo bañan -el oro se encuentra en las laderas de los ríos-, pero también porque la densidad de su vegetación extendida en miles de kilómetros cuadrados dificulta el control de las extracciones.
Para extraer el oro se requiere el uso de mercurio, un metal altamente tóxico que termina siendo despojado por los mineros ilegales en las aguas de los ríos, contaminando las aguas que son esenciales para las miles de especies que conforman la biodiversidad del bioma y para la supervivencia de 50 millones de personas que viven en la región.
En humanos, el metal afecta el sistema nervioso, el tracto digestivo, el sistema inmunológico, los pulmones y los riñones y puede ocasionar malformaciones durante la gestación.
Imágenes satelitales analizadas en el estudio mostraron que las cuencas más afectadas por la actividad minera fueron las de los ríos Tapajós, Teles Pires, Jamanxim, Xingu y Amazonas.
