El gobierno de Estados Unidos reconoció los esfuerzos que ha realizado la administración del presidente Luis Abinader con miras a fortalecer el clima de inversión en República Dominicana. Valora las acciones para frenar la corrupción administrativa y la independencia de los fiscales.
La valoración se dio a conocer a través de un análisis que publica el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales, en el que valora el esfuerzo concertado para abordar los problemas de corrupción y transparencia que son un tema central para la prosperidad social, económica y política de los dominicanos.
En su informe, el gobierno estadounidense aprecia el nombramiento de profesionales técnicamente competentes en puestos de liderazgo y la promulgación de una ley de decomiso de activos civiles.
“Estos y otros esfuerzos de la actual administración han llevado a que República Dominicana se destaque como uno de los pocos países de la región donde los ideales e instituciones democráticas están en auge. Al mismo tiempo, sin embargo, la administración no ha logrado todos sus objetivos declarados”, apunta.
Sin embargo, destaca el informe del Departamento de Estados, muchas empresas e inversionistas estadounidenses han expresado su preocupación de que, a pesar de las mejoras en los últimos tres años, la corrupción en el gobierno, incluido el Poder Judicial, continúa limitando el éxito de la inversión en República Dominicana.
Resalta que los inversionistas extranjeros informan de numerosos problemas sistémicos en República Dominicana y citan la falta de normas claras y normalizadas para competir y la falta de aplicación de las normas existentes. Las quejas, detalla el informe, incluyen percepciones de corrupción generalizada a nivel nacional y local del gobierno; la falta de competencia técnica en el gobierno; estructuras de toma de decisiones excesivamente centralizadas y verticales, incluso para asuntos rutinarios; retrasos en los pagos del gobierno; la débil observancia de los derechos de propiedad intelectual; trabas burocráticas, procesos judiciales y administrativos lentos y a veces sesgados a nivel local.
Además, indica que entre los retos por superar aún están la aplicación incoherente de decisiones judiciales a favor de inversores extranjeros; y procedimientos no normalizados en la valoración en aduana y clasificación de las importaciones.
“La debilidad de las leyes de tenencia de la tierra y la interferencia con los derechos de propiedad privada siguen siendo un problema. El público percibe que la toma de decisiones administrativas y judiciales es inconsistente, opaca y requiere demasiado tiempo. La falta de transparencia y la mala implementación de las leyes existentes son ampliamente discutidas como las principales quejas de los inversionistas”, sostiene el informe del Departamento de Estado.
Señala que ha habido una tendencia a reducir o retirar medidas de reformas importantes cuando atraen incluso niveles modestos de críticas públicas, incluida la tan esperada reforma del sector eléctrico, así como una reforma fiscal que la mayoría de los expertos consideran que el país necesita urgentemente. En repetidas ocasiones, indica, se ha prometido más esfuerzo, incluida la aprobación de la legislación sobre contratación pública, pero observa que es probable que el avance en la agenda regulatoria y legislativa del Presidente resulte aún más desafiante a medida que el país se acerca a las elecciones que se celebrarán a principios de 2024.
Destaca que República Dominicana, un país de ingresos medianos altos, ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina en los últimos 50 años, según datos del Banco Mundial. Indica que el producto interno bruto (PIB) creció un 4.9% en 2022.
En este orden, refiere que los ingresos tributarios fueron 9.9% superiores a lo estipulado en el Presupuesto inicial para 2022. Explica que, sumado a la disciplina presupuestaria, el gobierno mantuvo un déficit de 3.5% del PIB, por debajo de su meta para 2022. Sin embargo, indica que la inflación al cierre de 2022 fue de 7.83%, por encima de la meta de 4.0% ±1.0.
“A pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir el gasto público y aumentar los ingresos, en ausencia de una reforma fiscal significativa, la deuda pública siguió creciendo en 2022, alcanzando los US$51.8 mil millones (si se añade la deuda con el Banco Central, la deuda pública alcanzó los US$68.9 mil millones) y un servicio total de la deuda de US$7.1 mil millones, lo que se tradujo en una disminución de la relación deuda/PIB, pero un aumento en el valor total de la deuda pública”, sostiene.
En este contexto, el Departamento de Estados critica que el gobierno continúa aplicando grandes subsidios a diferentes sectores de la economía, como el sector eléctrico y los hidrocarburos. Señala que en 2022 fueron destinados US$1.5 mil millones al subsidio para las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) y US$663 millones directamente a combustibles.
Los esfuerzos del gobierno, en gran medida mediante el uso de subsidios, para combatir los efectos de la inflación causada por las políticas monetarias impulsadas por la pandemia y exacerbada por la invasión rusa de Ucrania, han mantenido en gran medida a la economía en la senda del crecimiento, con proyecciones de crecimiento del PIB para 2023 en el rango del 4.4%. El Banco Central (BCRD) redujo la proyección de crecimiento a sólo 3.0% a finales de año, tomando en cuenta que a agosto la economía sólo creció 1.5%.
