Había un país llamado Crecilandia donde los políticos y economistas creían que el crecimiento económico era la clave para resolver los problemas relacionados con el empleo. Se centraron en aumentar el producto interno bruto (PIB) sin prestar mucha atención a las condiciones laborales de su población. A medida que la economía crecía, celebraban con entusiasmo, creyendo que la prosperidad económica automáticamente se traduciría en empleos estables y de calidad para todos.
Pero a medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que algo no estaba funcionando como se esperaba. A pesar del crecimiento económico por un largo periodo de tiempo, el desempleo persistía y la mayoría de los trabajadores se encontraban en empleos informales, precarios, mal remunerados y sin seguridad laboral ni social. La población estaba cada vez más descontenta y frustrada.
Fue entonces cuando algunos líderes políticos comenzaron a darse cuenta de que el crecimiento económico por sí solo no era suficiente para generar empleos estables, de calidad y a largo plazo. Comprendieron que se necesitaban instituciones sólidas y políticas adecuadas para que las empresas pudieran crear empleos y que las personas estuvieran preparadas para ocuparlos. Así comenzó un proceso de reforma que cambiaría la forma en que Crecilandia abordaba el empleo.
Para entender por qué el crecimiento económico no garantiza automáticamente empleos de calidad, es esencial comprender la importancia de las instituciones, porque son las reglas y normas que rigen la interacción entre las personas, las empresas y el gobierno. Estas instituciones incluyen sistemas legales, políticos, educativos y, crucialmente, el mercado de trabajo. Por ello debe existir una coherencia entre los objetivos y las instituciones diseñadas para obtenerlos.
Para conseguir un mercado de trabajo más eficiente y justo, que no descanse en un sistema de favores políticos o personales, debemos crear instituciones diseñadas y alineadas con el objetivo de traducir el crecimiento económico en empleo. Esta no debe ser, como hasta ahora, sólo una tarea asignada a las fuerzas del mercado y del propio crecimiento. Esas fuerzas del mercado funcionan de manera más adecuada cuando son reguladas. A fin de cuentas, el propio Mercado es una institución social que necesita de reglas, escritas o no, para su equilibrado funcionamiento.
Esas nuevas instituciones para regular el mercado de trabajo y las reformas a las existentes garantizan que el crecimiento económico beneficie a toda la sociedad. Existen ejemplos de países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que han logrado un equilibrio entre el crecimiento económico y la creación de empleos de calidad a través de instituciones coherentes con el objetivo explícito de fomentarlos.
Países como Portugal, Nueva Zelanda, España, Dinamarca o Suecia han desarrollado sistemas de bienestar social robustos, con fuertes leyes laborales y políticas. Esto ha resultado en mejora en los niveles de inserción laboral y altos estándares de vida para sus ciudadanos. Otros, como Alemania han desarrollado un reconocido sistema de formación dual, que combina la educación en el aula con la capacitación en el lugar de trabajo. Esto ha permitido a jóvenes adquirir habilidades específicas y encontrar empleos de calidad con mayor facilidad.
En República Dominicana podemos aprender la lección de Crecilandia y aceptar que el crecimiento económico por sí sólo no es suficiente. Esto nos obligaría a reconocer la necesidad de introducir nuevas reformas para que el crecimiento económico se refleje en un mercado de trabajo más efectivo con empleos no precarios. Para ello hay que diseñar e implementar las reformas con el objeto de converger a largo plazo con los indicadores laborales de los países que conforman la OCDE.
La primera y fundamental reforma es la transformación del Ministerio de Trabajo en un Ministerio de Empleo, Seguridad y Protección Social. Este cambio estratégico tendría como objetivo reunir todas las políticas relacionadas con el mercado laboral bajo un mismo techo. Se agruparían las políticas regulatorias sobre el mercado de trabajo, la seguridad social, el seguro de desempleo, los incentivos temporales a la contratación, los subsidios y las transferencias sociales.
Esta consolidación permitiría eliminar la duplicidad de funciones y dar coherencia a todas las acciones gubernamentales relacionadas con el empleo. Además, el nuevo Ministerio se centraría en vincular la formación técnica y profesional con las demandas del mercado laboral, asegurando que las personas adquieran las habilidades necesarias para ser empleables y contribuir al crecimiento.
Dentro del Ministerio de Empleo, Seguridad y Protección Social se establecería un mecanismo de intermediación laboral universal y gratuito, que tendría como objetivo conectar a los empleadores con los trabajadores de manera eficiente, asegurando que las vacantes se llenacen con personas calificadas y que los buscadores de empleo tuvieran acceso a oportunidades adecuadas a sus habilidades y necesidades.
Este enfoque eliminaría las barreras y los costos asociados con la búsqueda de empleo y mejoraría la transparencia del mercado laboral. Las personas podrían encontrar, como en la ya contada historia de Gloria, trabajos que se adaptaran a sus perfiles y las empresas podrían acceder a un grupo diverso de candidatos talentosos.
Otra reforma fundamental sería crear una Ley Base sobre el Mercado de Trabajo. A diferencia de una ley parcial e inadecuada de “primer empleo”, se establecería una serie de disposiciones clave para mejorar la regulación laboral. Una de las medidas sería la obligatoriedad del registro de las personas al ingresar y salir de empleos formales y de actividades productivas. Esto permitiría la creación gradual de un sistema de estadísticas continuas que, a su vez, facilitaría la aplicación de políticas laborales dirigidas a los grupos de población.
Además, la ley eliminaría la distinción entre empleo formal e informal, y en su lugar, introduciría los términos “trabajo precario o no precario”, pues la formalidad estaría basada en el debido registro de la actividad laboral en la plataforma de intermediación laboral. Este cambio es esencial para mejorar la eficacia de las políticas laborales activas y garantizar que todas las formas de empleo sean tratadas de manera justa y equitativa.
Finalmente, sin agotar el listado de reformas, también la introducción de un catálogo de políticas laborales activas. Este catálogo contemplaría una amplia gama de políticas que podrían aplicarse en diferentes situaciones y para diversos grupos de población. Algunas de estas políticas incluirían subsidios a la contratación, la formación específica según la demanda de ocupaciones y la promoción de la actividad laboral en función del lugar de residencia.
Estas políticas se diseñarían para ser aplicadas de manera segmentada, atendiendo las necesidades específicas de grupos como jóvenes de primer empleo, recién graduados, desempleados de larga duración, personas con discapacidad, mujeres y hombres en situaciones vulnerables, entre otros. Esta segmentación permitiría abordar de manera más efectiva las disparidades en el mercado laboral e intervenir donde más se necesite.
La historia de este país ficticio nos enseña una lección valiosa: el crecimiento económico por sí sólo no es suficiente para generar empleo estable y de calidad. Para lograr un mercado laboral inclusivo y equitativo, es esencial contar con instituciones sólidas y políticas adecuadas. La transformación del Ministerio de Trabajo, la creación de un sistema de intermediación laboral, la implementación de una Ley Base sobre el Mercado de Trabajo y la introducción de políticas laborales activas son pasos fundamentales hacia un empleo digno y sostenible.
