El reciente descalabro de CoopHerrera, una de las cooperativas más prominentes de la República Dominicana, ha sacudido las bases del sector cooperativo. La acusación de una supuesta estafa que asciende a RD$2,500 millones ha evidenciado una problemática latente: ¿Deben las cooperativas ser reguladas bajo los mismos criterios que los bancos o deben operar bajo un régimen especial?
La respuesta a esta pregunta es compleja y se encuentra polarizada entre dos facciones principales. Por un lado, las cooperativas del sistema AIRAC defienden la necesidad de una regulación similar a la de los bancos. Argumentan que esta regulación eliminaría barreras para operar en el mercado y les permitiría acceder a herramientas financieras esenciales, como tarjetas de crédito, transferencias y préstamos de segunda instancia. Estas cooperativas tienen activos superiores a los RD$117,156 millones, representando dos tercios del sector cooperativista del país, lo que subraya su relevancia y poderío en el mercado.
Por otro lado, las cooperativas del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y su líder, Jorge Eligio Méndez, argumentan que una regulación al estilo bancario sería la sentencia de muerte para muchas cooperativas. En su visión, el espíritu autogestionario y comunitario de las cooperativas demanda un marco regulatorio especializado que tenga en cuenta su naturaleza única.
Los antecedentes revelan intentos de buscar una solución intermedia. En 2018, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, se reunió con líderes cooperativos para explorar opciones que integrarán a las cooperativas de intermediación financiera dentro del marco regulatorio establecido en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02. Se sugirió que aquellas cooperativas con intermediación financiera deberían ser supervisadas por la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos, mientras que otras como las agropecuarias o gremiales permanecieran bajo la supervisión del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).
El Fondo Monetario Internacional, en su visita a República Dominicana en 2023, recomendó la creación de un marco regulatorio prudencial para las cooperativas de ahorro y crédito, buscando fortalecer la estabilidad financiera del país. Esta recomendación internacional no puede ser ignorada y añade presión sobre la necesidad de encontrar una solución.
La figura de Jorge Eligio Méndez es central en este debate. Aunque Méndez siempre defendió un régimen especial de autogestión para las cooperativas, su reciente imputación en el caso Búho ha minado la confianza en el sector. El hecho de que el presidente de CoopHerrera, una entidad contraria a la regulación al estilo bancario esté implicado en un escándalo de tal magnitud, plantea dudas sobre la eficacia de la bandera regulatoria del Conacoop.
La propuesta de Julito Fulcar Encarnación, diputado del gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM) y expresidente de Conacoop, agrega un giro inesperado a la situación. Aunque históricamente opuesto a una regulación similar a la bancaria, ahora propone un proyecto de ley que debería mirarse con cuidado extremo, sin obviar que la base reguladora de las cooperativas es antigua y desfasada, de 1963.
Asumo la tarea de indagar si la pieza de Fulcar plantea lla idea de crear una suerte de monopolio asegurador en el mercado de las cooperativas, seguramente en manos de Coopseguros, parte del tinglado de Conacoop. Por ahí empezaría mal, instaurando una barrera probablemente inconstitucional.
Con activos totales superando los 250,000 millones de pesos y con cerca de 1,800 cooperativas operando en el país, el debate sobre su regulación no es menor. No debemos poner en juego la estabilidad financiera de la nación y, aunque las opiniones estén divididas, es imperativo encontrar un camino que proteja tanto a los usuarios como a la esencia cooperativista. La experiencia de CoopHerrera debe ser una lección para evitar futuros desastres y garantizar un sector cooperativo robusto, transparente y confiable.
