Las ayudas públicas a los combustibles fósiles casi se duplicaron en 2022 respecto al año anterior con las medidas aplicadas por muchos gobiernos para tratar de atenuar el efecto de la crisis energética y de la inflación, sobre la base de los datos recopilados para 82 países.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estiman que el costo presupuestario de esas ayudas en esos 82 países fue el pasado año de US$1,4813 billones, frente a los 769,500 millones de 2021.
En un comunicado publicado este viernes, las dos organizaciones atribuyen esa evolución a los dispositivos de los gobiernos para “compensar el tirón excepcional de los precios de la energía imputable en parte a la guerra de agresión rusa contra Ucrania”.
La mayor subida en términos relativos se dio en el gas, con US$447,000 millones en 2022, frente a los 205,000 millones un año antes.
Pero el combustible fósil al que fueron a parar más subvenciones fue el petróleo, con US$519,000 millones, comparados con los 285.000 millones en 2021.
La electricidad generada con combustibles fósiles absorbió 472,000 millones, frente a 240,000 millones el año anterior, mientras el carbón se llevó 36,000 millones en 2022, tras los 35,000 millones de 2021.
El 81% de ese dinero estuvo dirigido hacia los consumidores (particulares y empresas), mientras que los productores de energías fósiles recibieron el 16%. Un 3% fue para los llamados servicios de interés general.
Las subvenciones al consumo dieron un salto del 116% entre 2021 y 2022, hasta alcanzar US$1.1 billones, lo que se explica por la escalada de precios en los mercados internacionales.
La OCDE y la AIE insisten en que hay que poner fin de forma progresiva a las “ayudas ineficaces a las energías fósiles” y reorientar el dinero público a soluciones para sustituirlas por otras que generen pocas emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo mejorar la seguridad y la eficiencia energética.
En cualquier caso, hacen igualmente un llamamiento para que las ayudas sean selectivas y beneficien a “las personas que más las necesitan”.
La razón es que cuando esos dispositivos no discriminan acaban beneficiando de forma desproporcionada a las familias con más ingresos, que son generalmente las que consumen más energía.
