Los países del Caribe y América Central se encuentran en una zona geográfica que con frecuencia se ve afectada por eventos atmosféricos. Como consecuencia del cambio climático, el aumento de las temperaturas y las alteraciones en las condiciones hidrometeorológicas, con una mayor incidencia de las sequías y olas de calor, pueden amenazar a sectores que contribuyen al crecimiento económico de la región.
El estudio “El financiamiento de una transición sostenible: inversión para crecer y enfrentar el cambio climático” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que los países insulares son vulnerables a los cambios en las condiciones climáticas por su dependencia a actividades económicas como la agricultura, el turismo y sus niveles de desigualdad y pobreza.
De acuerdo con el informe, el número de desastres por década se duplicó a partir del 2000 en comparación con el período comprendido entre 1970 y 1980. Entre el 2020 y el 2022 se produjeron 35 desastres. Los episodios de inundaciones extremas fueron comunes durante este período, especialmente en suelo dominicano.
Los resultados de los modelos macroeconómicos presentados por la CEPAL muestran que hacia 2050 el producto interno bruto (PIB) podría ser entre un 9% y un 12% más bajo como consecuencia del cambio climático y de la mayor intensidad de los fenómenos meteorológicos.
Sostiene que volver al nivel de PIB que suponía el escenario de crecimiento tendencial a partir de los choques climáticos, podría ser posible, pero se precisaría una inversión adicional equivalente a un promedio de entre el 5.3% del PIB y el 10.9% del PIB anual.
Las estimaciones de las necesidades de inversión anual promedio para compensar por completo las pérdidas económicas provocadas por el cambio climático en comparación con el escenario de crecimiento tendencial de 2025-2050 indican que en el caso para República Dominicana sería del 5.8% del PIB.
Los que más necesitarán destinar fondos son Honduras con un 10.9%, le sigue Barbados (8.5%) y Santa Lucía (6.9%). En tanto, los que menos tendrán que gastar son El Salvador y Guatemala (5.3%).
El documento explica que las estimaciones recientes para los mercados emergentes y las economías en desarrollo, incluidas las de la región, consisten principalmente en ejercicios para calcular los gastos para cerrar las brechas observadas en las infraestructuras con énfasis en la electricidad y el transporte. Pero, además, se incluyen inversiones relacionadas con el clima dirigidas al uso de la tierra y la agricultura o implícitamente como infraestructuras que podrían incluir condiciones de adaptación climática.
La CEPAL señala que los desembolsos estimados se sitúan entre el 3% y el 8% del PIB anual. Estas estimaciones no suelen contemplar inversiones en educación, atención de salud y otros elementos de la red de protección social, que serán cruciales para garantizar la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono.
Para alcanzar los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático incluidos en las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN), señala que habría que hacer inversiones cuantiosas, aunque generalmente de menor magnitud que las necesarias para compensar por completo las pérdidas económicas relacionadas con el cambio climático.
Las CDN son las promesas u objetivos que se plantearon los países en el Acuerdo de París de 2016 para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer frente al cambio climático.
De acuerdo con la CEPAL, en el caso de los seis países del grupo analizados en el cocumento, las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) presentadas por la República Dominicana y Santa Lucía muestran que las necesidades de inversión para alcanzar los objetivos de mitigación y adaptación son menores, aunque siguen siendo considerables (entre el 1.8% del PIB y el 2.2% del PIB anual, respectivamente).
Agricultura
Según la CEPAL, la producción agrícola de los países del grupo analizado ya se encuentra sometida a grandes tensiones provocadas por el clima. La disminución de los niveles de precipitación, junto con una mayor volatilidad del período en que se registra la temporada de lluvias y la sequía de mitad del verano han provocado una disminución del 5% en la duración de los cultivos de maíz en América Central entre 1981-2010 y 2015-2019, con un impacto negativo concomitante en los rendimientos.
Señala que si no se controla hacia 2050 el aumento de las temperaturas se traducé en un drástico descenso del rendimiento agrícola de los frijoles (19%), el maíz (entre el 4% y el 21%) y el arroz (23%).
Este sector constituye uno de los principales sectores económicos de Centroamérica. Es una importante fuente de empleo y representa un 30% o más del empleo total en Guatemala y Honduras y más del 15% en El Salvador, países que también son los más vulnerables a la degradación ambiental. Es, un importante generador de divisas, y las exportaciones de alimentos y bebidas equivalen a más del 25% de las exportaciones totales en Honduras.
