El presidente argentino, Javier Milei, proyecta crear un impuesto para pagar la indemnización por US$16,000 millones que el pasado septiembre una corte federal de Nueva York ordenó que Argentina abonara al fondo buitre Burford Capital por la expropiación en 2012 de la petrolera YPF.
El nuevo Gobierno argentino, que encabeza Javier Milei desde el pasado 10 de diciembre, había pedido a la jueza Loretta Preska una prórroga de 30 días para apelar la sentencia en una carta que le envió el pasado día 19.
Pero tres días después, el tribunal estadounidense negó a las autoridades argentinas el otorgamiento de la prórroga para depositar una garantía por los US$16,000 millones, así como para presentar los documentos de apelación.
La corte federal de Nueva York estableció además que Argentina debe cumplir con las fechas previstas del 10 de enero para presentar la garantía y del 30 de enero para apelar la sentencia.
A tenor de esta situación, Milei anunció la noche del martes en una entrevista en el canal LN+ que creará un impuesto con el nombre del hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien en su condición de ministro de Economía del Gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) fue el promotor de la expropiacion de YPF.
“Hay un problema, porque la plata no la tenemos. No tenemos US$16,000 millones para pagar. Sí tenemos el ‘willing to pay’, la voluntad de pagar”, admitió el jefe del Estado argentino, de profesión economista.
“Una de las ideas que estamos trabajando es crear la ‘tasa [Axel] Kicillof’ (…), que todos los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof”, aseveró Javier Milei.
En 2012, Argentina compró el 51% de las acciones de YPF a la española Repsol sin hacer una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas, que aseguraron haber sido perjudicados.
El fondo buitre Burford Capital, dueño de los activos del Grupo Petersen, consideró que el Gobierno tenía que pagarle US$16,000 millones, pero las autoridades argentinas estimaron que la indemnización debía ser de US$5,000 millones.
El juicio por la estatización de YPF comenzó en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, que había ingresado a la propiedad de YPF. Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios, compró en España las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, las dos compañías creadas por los dueños del holding para poder presentar la demanda en Nueva York.
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