El despido de más 7,000 trabajadores por parte de la empresa Minera Panamá, S.A., luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar inconstitucional la Ley N°406, implica para la banca panameña el reto de gestionar una solución personalizada para cada uno de estos consumidores por parte de los bancos que les han otorgado préstamos, aseguró Raúl Guizado, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).
Guizado aclaró que según cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) la cartera de préstamo expuesta directamente al impacto del cierre de la mina Cobre Panamá es de $145 millones, una cifra que a su juicio es manejable y que debe ser atendida directamente por cada banco con sus clientes.
Para el dirigente empresarial se trata de una situación que no implica un “riesgo sistémico” para la banca panameña, destacando que ya se han hecho pruebas de estrés que indican que el monto de lo adeudado por los trabajadores mineros “es totalmente manejable” para cada uno de los bancos que operan en el mercado local, aunque admitió que los bancos tendrán que hacer reservar y provisiones para atender un posible aumento de la morosidad en esa cartera de crédito.
El dirigente empresarial insistió finalmente en que, en el caso de los ahora extrabajadores mineros, las negociaciones para encontrar una solución a cada caso en particular, debe darse directamente con su banco, recordando que una situación similar se dio durante la pandemia de coronavirus cuando los bancos negociaron con sus clientes soluciones a la medida para afrontar cada situación en particular.
