El Gobierno de Javier Milei derogó este lunes 69 normas para disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio entre los ciudadanos ya que, según las nuevas autoridades, promovían un rol intervencionista del Estado.
“Estas regulaciones le complicaban la vida a través de controles y cuestiones burocráticas a parte del sector privado”, dijo este lunes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en Casa Rosada (sede del Ejecutivo).
Una resolución de la Secretaría de Comercio publicada este lunes en el Boletín Oficial, en línea con el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, enviado por Milei al Congreso, concreta esa desregulación.
La Secretaría de Comercio, que en la últimas dos décadas fue parte de la lucha contra la inflación que, no obstante, alcanzó el 211.4% en 2023, había emitido resoluciones y disposiciones vinculadas con regímenes de control de precios, abastecimiento o de requerimientos de información, que, según el nuevo gobierno, apartaban a la cartera de la transparencia, la libre competencia de los mercados y las conductas ilícitas en el comercio interior.
“El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria”, dijo el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, en un comunicado.
Entre lo derogado, está un sistema que obligaba a informar etiquetas y rótulos de nuevos productos y un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios, instaurado durante el gobierno anterior, que, según el nuevo, generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos e información utilizada como herramienta de presión sobre las empresas.
También se dispuso derogar normativas complementarias a las leyes de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas, que establecían su supervisión y cumplimiento.
Se dieron de baja, además, regímenes informativos de precios máximos, del programa ‘Precios Cuidados’ y normas complementarias del programa ‘Precios Justos’, finalizado el 8 de diciembre de 2023, que en opinión del nuevo gobierno, que asumió el 10 de diciembre pasado, sólo sirvieron para distorsionar el sistema de precios, fundamentalmente de alimentos y bebidas.
Asimismo, se derogó el programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, para que este tipo de políticas sea impulsada por los gobiernos provinciales.
Estás derogaciones son el resultado de una primera etapa de revisión, a la que seguirán otras medidas, indicó la Secretaría.
