El derecho administrativo es la rama de esta profesión que norma las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, sean éstos personas físicas, empresas, organizaciones o cualquier interesado en interactuar con el gobierno de una nación. Esta rama del derecho ha gozado de un profundo desarrollo durante los últimos 50 años, y los Estados Unidos, con su imponente economía, ha sido uno de los líderes en esta materia.
Un principio fundamental en ese país desde hace aproximadamente 40 años ha sido la denominada doctrina Chevron, cuyo nombre se toma de un caso decidido por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) con esa empresa como accionante. Pero hace apenas unos días, la SCJ conoció una acción en la cual se pudiera dar un cambio fundamental y monumental en el derecho administrativo, en caso de que se decida anular la doctrina Chevron.
Nuestra Constitución, al igual que la de EE. UU., concibe tres poderes que son iguales y sirven de cheques y balances entre sí. Sin embargo, como en nuestro país, en el tiempo el Poder Ejecutivo y el estado administrativo que se desprende de éste han crecido y asumido roles más preeminentes en la vida pública que la incidencia relativa del Poder Legislativo y del Poder Judicial.
Ante esta realidad, se presenta un caso en los años 1980 ante la SCJ, el caso Chevron, solicitando que se definan los límites de las agencias administrativas al interpretar leyes dictadas por el Congreso Nacional.
En una gran victoria para el aparato administrativo, la corte de turno estableció que siempre que sea “razonable” la interpretación del actor administrativo, los tribunales deben ser deferentes ante la acción administrativa. Dicho de otra manera, el Poder Judicial solo puede cuestionar las interpretaciones legislativas y actos administrativos del Poder Ejecutivo respecto a cuestiones emanadas del Poder Legislativo, únicamente en casos de que no sean “razonables” estas interpretaciones. Esta doctrina, que es altamente condescendiente hacia el Poder Ejecutivo, ha sido parte del trasfondo del creciente estado administrativista en los Estados Unidos.
Sin embargo, muchos juristas han cuestionado si esta doctrina va demasiado lejos, y si, al concederle tanto poder al estado administrativo, es beneficiosa para el país. En el caso recientemente presentado ante la SCJ, algunos magistrados cuestionaban si era aconsejable que ocurriese un “shock” cada cuatro u ocho años cuando cambie la administración, y que también parecía que los ciudadanos siempre perdían ante el leviatán del Estado.
La realidad es que en la economía moderna se requiere de un alto grado de tecnificación para poder emitir normas que sean cónsonas con el uso de las herramientas modernas. Una doctrina debe necesariamente concederle flexibilidad para que la administración pública así lo pueda hacer.
Sin embargo, las preocupaciones de los jueces predominantemente conservadores puede ser que resulten victoriosos en este caso, y la doctrina Chevron quede anulada. De ser así, será digno de estudio la forma en que el tribunal logre un balance entre las necesidades de la economía moderna y las preocupaciones que han externado.
