Las instituciones de la Unión Europea (UE) llegaron esta pasada noche a un acuerdo para regular las agencias de calificación que ponen nota a las empresas en función de su sostenibilidad medioambiental, social y de gobernanza, para que sean más transparentes, evitar conflictos de interés y mejorar así su fiabilidad.
El pacto prevé regular esta actividad, para identificar a las agencias con buenas prácticas que orientan a los inversores hacia empresas responsables en estos ámbitos, ya que su rápido crecimiento ha generado el temor de que algunas compañías estén exagerado sus credenciales en materia de sostenibilidad y llevando a cabo un “blanqueo ecológico”.
“Aumentar la confianza de los inversores a través de calificaciones de sostenibilidad medioambiental, social y de gobernanza, transparentes y reguladas puede tener un impacto significativo en nuestra transición hacia un futuro más sostenible y socialmente responsable”, dijo el ministro de Finanzas belga, Vincent Van Peteghem, cuyo país desempeña este semestre la presidencia rotatoria de la UE.
“Solo esto puede permitir que los criterios sostenibilidad medioambiental, social y de gobernanza sean herramientas útiles que sirvan a la transición ecológica y social”, señaló Aurore Lalucq, la ponente de la normativa en el Parlamento Europeo.
El acuerdo contempla que las agencias que quieran proporcionar estos servicios en la UE tengan que recibir una autorización por parte de la Autoridad de Mercados y Valores (ESMA), que se encargará también de supervisar sus actividades y podrá llevar a cabo investigaciones e inspecciones “in situ”.
Además, tendrán que cumplir requisitos de transparencia, en particular en cuanto a la metodología y fuentes de información que usen para elaborar sus calsificaciones y estarán sujetas a medidas para evitar conflictos de interés, en particular, la separación de sus negocios de calificación, consultoría y auditoría.
También se prevé la posibilidad de que las agencias realicen informes separados de la sostenibilidad medioamnbiental, la social y la gobernanza de las empresas, en lugar de realizar un única calificación que englobe los tres factores y se tendrá que especificar si las compañías cumplen pactos internacionales como el Acuerdo de París sobre cambio climático.
Se ha establecido un régimen transitorio, temporal y voluntario por el que los pequeños proveedores de “rating” medioambiental, social y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) y aquellos que entren en el mercado por primera vez podrán registrarse con requisitos “más ligeros” durante un periodo de tres años.
Aquellas agencias pequeñas que opten por este régimen transitorio no tendrán que pagar tasas supervisoras a la ESMA, aunque sí tendrán que cumplir con requisitos de transparencia, gobernanza y podrán ser sujetos a investigaciones, inspecciones o solicitud de información por parte del supervisor, indicó el Consejo en un comunicado.
El pacto también establece que las agencias de calificación extracomunitarias que quieran ofrecer sus servicios en el mercado interior tendrán que obtener el respaldo de una empresa autorizada de la UE.
El Consejo de la UE y la Eurocámara aún tienne que ratificar el pacto, que se empezará a aplicar 18 meses después de su entrada en vigor.
