Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado un acuerdo político sobre la nueva Ley de la Infraestructura de Gigabit (GIA) con la que quieren simplificar y agilizar el despliegue de la conectividad mediante redes de muy alta capacidad, como la fibra y la 5G, por ejemplo reduciendo la carga administrativa y los costes de despliegue.
Para ello, la revisión de las reglas comunes “racionalizará” los procedimientos de concesión de autorizaciones, que son una condición previa para el despliegue de la red, garantizando el cumplimiento por parte de las administraciones públicas de los plazos para la concesión de permisos.
También introduce medidas para digitalizar la información sobre las infraestructuras físicas existentes, las obras cívicas previstas y los procedimientos de concesión de autorizaciones, permitiendo a los operadores acceder en línea a toda la información necesaria para planificar el despliegue de la red.
Se incluyen asimismo medidas para facilitar a los operadores la reutilización de infraestructuras y espacios públicos, como los tejados, para instalar elementos de red digital, reduciendo en última instancia los costes de despliegue.
Entre los cambios propiciados por la negociación, que requiere aún el visto bueno formal del pleno de la Eurocámara y de los Veintisiete, figura la introducción de un mecanismo de conciliación obligatorio entre los organismos del sector público y los operadores de telecomunicaciones como paso intermedio para facilitar el procedimiento de concesión de permisos.
También consta una excepción por un período de transición para municipios más pequeños y disposiciones específicas para promover la conectividad en áreas rurales y remotas.
Otra de las claves del acuerdo es la prórroga hasta 2032 del techo a los recargos que las operadoras pueden cobrar por las comunicaciones, incluidas llamadas y mensajes, realizadas a otro país de la Unión Europea y que estaba previsto que expiraran en mayo de este 2024.
Los eurodiputados también han incluido durante la negociación un “camino político” para acabar con este sobrecoste para los usuarios finales porque el acuerdo recoge el objetivo de que en 2029 no deba haber diferencia entre los precios minoristas de comunicaciones porque se realicen desde uno u otro Estado miembro, si bien esta medida queda supeditada a la adopción por parte de la Comisión Europea de una modificación legislativa para ello.
