Las diez medidas iniciales acordadas entre el Gobierno de Luis Arce y los empresarios privados contra la falta de dólares en Bolivia abrieron un debate entre expertos que ven necesario reducir también el gasto público y las autoridades nacionales que sostienen que el déficit bajará sin recortes y con generación de ingresos.
Después de casi un año de que comenzaran a escasear las divisas en la economía boliviana, el Ejecutivo anunció un acuerdo con los principales gremios empresariales con medidas para facilitar las exportaciones y algunos incentivos para bajar el gasto en la importación de combustibles.
El acuerdo fue bien recibido por algunos, y visto como insuficiente por quienes consideran que si no se reduce el gasto público, estas medidas serán “parciales”.
Es el caso del analista económico Gonzalo Chávez, quien dijo a EFE que el origen de todo “es el déficit público” y si no se cortan los “gastos e inversiones improductivas” y no se aumentan los ingresos, “muy difícilmente” se podrá resolver el problema.
Chávez se remontó a 2014 para entender “por qué desaparecieron los dólares”, un problema que, a su juicio, es “estructural” y no “coyuntural”, como aseguran las autoridades.
En 2014, las exportaciones llegaron a US$13,000 millones, de los que US$6,600 millones provenían de la venta de gas natural, que fue el sustento de la economía boliviana hasta hace algunos años.
Según Chávez, ese excedente económico fue destinado por el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), del que Arce fue ministro de Economía, a “hacer política social” y a la inversión pública.
El problema fue que cuando un año después comenzó la declinación de las exportaciones y la producción de gas, el Gobierno decidió “gastar” las Reservas Internacionales Netas (RIN) en “gasto corriente” y la financiación a empresas estatales “cuyos resultados hasta ahora no vemos”, indicó.
Para el experto, Bolivia perdió “solvencia porque mataron a la gallina de los huevos de oro que era” la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y esa insolvencia “generó un problema de liquidez”.
A su juicio, las medidas asumidas en 2023 ante la falta de divisas fueron “paliativas” porque no se atacó “el problema del gasto público que es por donde se chorrean las RIN”, que pasaron de los US$15,122 millones en 2014 a US$1,709 millones hasta el 31 de diciembre pasado.
Versión gubernamental
Para el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el origen del problema fue la salida de entre US$5,000 millones y US$6,000 millones del sistema financiero entre agosto y octubre de 2019, un dinero que después no retornó por la crisis que hubo en el país ese año y la pandemia de la covid-19.
Montenegro defendió el repunte de la economía entre 2021 y 2022, aunque luego surgió una “fricción política” por una “candidatura precoz” que generó incertidumbre en la economía.
La “fricción” aludida por el ministro es la pelea interna en el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) agudizada por la anunciada candidatura presidencial de Morales en 2025.
El Gobierno de Arce no seguirá la “receta” del Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir el gasto público y devaluar la moneda y, por contra, defiende que con las nuevas medidas anunciadas se busca generar más ingresos y producción, lo que derivará en una disminución del déficit fiscal.
Tampoco prevé levantar la subvención de los combustibles para evitar el “costo social” que esto supondría, pero sí quiere disminuir ese gasto mediante el fomento al uso de biocombustibles.
Bolivia importa gasolina y diésel que luego se venden en el mercado interno a precios subvencionados, un gasto que, por ejemplo, en 2023 superó los US$1,800 millones.
Visión empresarial
El gerente general del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, valoró la “apertura del Gobierno” para trabajar con los empresarios.
“Si las medidas son suficientes, el tiempo lo dirá. Nuestra recomendación tiene que ver con que los procesos de implementación de los compromisos asumidos por el Gobierno sean lo más ágiles posible porque el tiempo apremia”, dijo Rodríguez a EFE.
El experto consideró importante “resolver la carencia de hidrocarburos en el país”, ya que “la mitad del déficit público se debe a la subvención” que se ha convertido en un “lastre” para el Estado.
Rodríguez abogó por una “agenda público-privada” que, por ejemplo, dé garantías e incentivos a la inversión privada para “reactivar el sector hidrocarburífero” y otras para que los rubros no tradicionales amplíen sus operaciones.
Además vio necesario que el Legislativo apruebe los créditos externos contratados por el Ejecutivo para generar un “shock financiero” que revierta las “expectativas negativas” que hay actualmente en la población.
